Hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fue trasladado un funcionario de la Armada, quien fue denunciado por su hijo, a quien lo agredió. Sin embargo, habría quedado en evidencia que no sería la primera vez que ocurre esto.

De acuerdo a los antecedentes aportados por la fiscal Romina Moscoso, el funcionario de la Armada fue detenido por personal de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI, quienes en primera instancia recibieron una denuncia de una agresión del imputado a uno de sus hijos. Esta denuncia la realizó el hermano menor de la víctima, quien se trasladó al cuartel de la policía civil.

En este sentido, otro hermano de la víctima, también confirmó la denuncia, por lo que al imputado de iniciales L.R.S. se le indicó que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que se registraron el 13 de mayo, en horas de la madrugada, mientras se encontraba en su domicilio junto a sus hijos, momento en que agredió a uno de ellos, el de 14 años, y tras un forcejeo lo golpeó en distintas partes de su cuerpo.

Con estos antecedentes, al imputado se le formalizó por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

El imputado declaró ante el juez Pablo Miño, entregando su versión: “La situación ocurrió a la medianoche, y fue para que se levante temprano a la jornada del colegio, pero él tiene el trastorno del espectro autista, que cualquier actitud que sienta que lo están agrediendo con palabras u órdenes que no quiere acatar, responde de manera agresiva. Él toma medicamentos por sus impulsos y fue en eso que habrían hartas cosas en la mesa porque estaban haciendo un trabajo y no me quiso hacer caso en ir a la cama, pateó las cosas y me empujó. Traté de controlar la situación, pero mi hijo mayor fue a ver y caí al suelo e intenté contener a mi hijo. Mi hijo mayor lo sacó encima mío y mi hijo menor pensó que le estaba pegando a su hermano y corrió al cuartel de la PDI”.

En la audiencia, la fiscal dio cuenta que el imputado ya tiene otra causa por haber agredido a su mismo hijo cuando tenía 6 años. Como también otro hecho de violencia ocurrido el 2018. A pesar de esto, el imputado negó estos hechos.

Tras los alegatos de la defensa y la Fiscalía, el juez Pablo Miño, ante la ausencia temporal de la madre y de los antecedentes preliminares no acogió la petición de la Fiscalía de la prohibición de acercarse a la víctima, sin perjuicio de lo que determine el tribunal de Familia. El imputado deberá iniciar un programa de control de impulsos y la prohibición de portar armas de fuego fuera de su lugar de trabajo. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días.