El consejero regional, Antonio Bradasic, nos dice: “si hay algo que me preocupa es que, nuevamente, vuelva a rondar el fantasma del desempleo que una vez vivimos en Magallanes”.

Vestido con un impecable chaleco amarillo, su presencia destacaba en medio de la marcha junto a la de la consejera regional, Patricia Vargas, del mismo partido, quien apoyó esta acción por el mismo motivo.

El jaque a importantes sectores productivos de la región movilizó a miles de personas el domingo pasado en Punta Arenas, en una acción que resultó sorprendente para muchos, por su masividad y transversalidad. Esta semana, Codema planteó un petitorio al intendente, José Fernández, exigiéndole al Gobierno que intervenga, ante los demás poderes del Estado para revertir lo que sienten como un cerco parlamentario y judicial que se cierra sobre sectores clave de la actividad económica regional: la minería del carbón y la industria acuícola.

La primera advirtió la semana pasada que cerrará en noviembre, si la justicia mantiene la cautelar de prohibir tronaduras por debajo de los 100 metros de profundidad. La segunda, teme por un proyecto de ley que podría erradicarla de Magallanes, una vez terminen los plazos de concesión. Algunas concesiones ya tienen 10 años y su horizonte de operaciones se restringe así drásticamente.

Codema

Codema le exigió al intendente tomar medidas para frenar lo que califican de “activismo judicial”, frenar el proyecto de ley que busca erradicar la salmonicultura de Magallanes, revisar el plan de descarbonización e invitar al Presidente Piñera y los miembros del Tribunal Ambiental a Magallanes, a conocer la realidad de la minería del carbón y la salmonicultura, “instalaciones que cuentan con altos estándares de producción y excelente condiciones para los trabajadores”, sostienen, para lo cual se amenaza con reanudar movilizaciones.

Dado que el petitorio involucra directamente a otros poderes del Estado, su cumplimiento se antoja especialmente complejo y con ello, el peligro de una reactivación de las movilizaciones se agudiza.

Y es que como han reconocido transversalmente diversas autoridades de gobierno y miembros del Consejo Regional, “si Mina Invierno cierra, no hay forma que el Estado pueda generar empleos de ese nivel de ingresos y en tal cantidad”. El antecedente del cierre de las minas de carbón en la Región del Biobío, donde muchos trabajadores recibieron jugosas compensaciones por el cierre de las minas, sencillamente, está totalmente descartado para el Gobierno.

Y es que Mina Invierno tiene un promedio de sueldos de un millón 200 mil pesos, explicó el consejero regional Antonio Bradasic. Y son aproximadamente mil personas los trabajadores de la mina quienes viven mayoritariamente en Punta Arenas.

Bueno, la cifra ha ido disminuyendo pues durante este año ya han sido despedidos 86 funcionarios, debido a las medidas de restricción exigidas por la justicia ambiental para resguardar yacimientos paleobotánicos.

Macarena Hernández, presidenta del Sindicato de Mina Invierno, explica al respecto que el tema no es solo el empleo, sino la calidad del empleo que se ofrece. “En Mina Invierno, las mujeres no solo encuentran trabajo de secretaria, sino también como bodeguera que es mi caso o a cargo de camiones de alto tonelaje”. Esta situación permite a las mujeres acceder a niveles de ingreso mucho más elevados que la mayoría de ellas en el país o la región. Y eso, en la región con menor tasa de participación femenina del país es un elemento a considerar.

Hernández participó en la marcha recién llegada de Valparaíso y nos cuenta que ese mismo día partía a Santiago. Sobre las discusiones con las autoridades, comenta: “Hay mucho egoísmo e indiferencia. No entiendo cómo los miembros del Tribunal de Valdivia no vienen hasta acá si ellos han revisado en terreno otras causas complejas, allá en el norte”.

Pero la acción de la minera genera impacto en múltiples otras áreas, especialmente, el transporte de lo cual los dirigentes del sector son muy conscientes. El domingo, 41 camiones se unieron a la manifestación en una señal clara del malestar que genera en este gremio la incertidumbre que existe sobre el futuro de la compañía.

Como declaró la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, “es necesario que las autoridades escuchen el clamor, el dolor de la comunidad magallánica. Ya no hay certeza jurídica para los inversionistas y sin inversión, no hay trabajo”, declaró.

GOBIERNO

El seremi de Minería, Carlos Quezada, es enfático en defender la labor de los organismos técnicos que han monitoreado el actuar de Mina Invierno, durante las tronaduras y aunque se mantiene al margen de opinar sobre el actuar de los tribunales, su cartera está iniciando gestiones para generar proyectos alternativos mineros alternativos en Tierra del Fuego.

Al mismo tiempo, la cartera de Minería pidió la presentación de un nuevo recurso por parte del Servicio de Evaluación Ambiental para revertir el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia que resolvió mantener las polémicas cautelares en contra de Mina Invierno y que están a punto Como dijo el subsecretario del ramo, Pablo Terrazas, “estamos convencidos que ello permitirá revertir estas medidas cautelares”, aseguró.

La cartera, sin embargo, también está trabajando en un proyecto por 800 millones de pesos para evaluar la posibilidad de generar, a futuro, un poder comprador de Enami para la pequeña mineria del oro en Tierra del Fuego. Advierte que ello no es la solución ante un eventual cierre y el proyecto debiera ser financiado por el Consejo Regional, pero hizo el anuncio el mismo día que efectuó una visita relámpago a Magallanes, a pesar que en esa misma jornada se acababa de iniciar una huelga de los trabajadores de Codelco en Chuquicamata, lo que da cuenta de la preocupación oficial.

PORVENIR

Pero si mil empleos son importantes para Punta Arenas, la realidad de la industria acuícola puede resultar igualmente grave para Porvenir, si llega a aprobarse el proyecto de ley que busca erradicar la actividad acuícola en Magallanes, al término de las concesiones.

La Asociación de Salmonicultores de Magallanes cifra en más de cinco mil los empleos directos e indirectos que genera la industria acuícola regional, a través de las 134 concesiones aquí existentes.

El consejero regional, Marcelo Garrido, advierte el peligro que representaría la posibilidad de erradicar la salmonicultura de Magallanes. “Estamos hablando de la pérdida de miles de empleos directos e indirectos que tendría un impacto muy grande en toda la región, sobre todo en Porvenir que, en la práctica, vive gracias a la salmonicultura”.

Garrido destaca que la actividad acuícola se ha convertido en la principal fuente de empleo y trabajo en la capital chilena de Tierra del Fuego y una de las pocas que ha logrado desarrollarse con éxito superando las barreras del aislamiento geográfico que padece la isla.

Pero hay otro factor que el consejero y exintegrante de la Armada, destaca especialmente. “La industria acuícola es uno de los medios más eficaces de poder mantener soberanía en los sectores más alejados de la región”.

Con cierta nostalgia, Garrido explica que cuando él navegaba, había extensas zonas donde no había absolutamente nadie y ahora algunos de esos sectores están siendo efectivamente ocupados por las empresas salmoneras “y eso significa ejercer soberanía”.

Agrega que este factor, sumado a los cientos de empleos que podría entregar la salmonicultura a la población de Puerto Williams y los miles que ya genera en diversos puntos de Magallanes, sobre todo en Porvenir, son una valiosa razón para defender el aporte de este sector a la vida de la región y el país.

Pedro Escobar