En un momento álgido para los partidos de oposición a nivel nacional, en que tratan de ordenarse internamente y en el que aún no han logrado consensuar un proyecto programático común para ofrecerle a la ciudadanía, en la región más austral del país emitieron un comunicado en el que fustigan al Gobierno para que se haga cargo de lo esbozado en la Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena 2012-2020, en la cual se plantea que la clave del crecimiento está en impulsar las actividades en aquellos sectores productivos que impactan en el producto regional: minero/energético, turismo, pesca/acuicultura, servicios marítimos y portuarios, ganadero/forestal/hortícola.
En la declaración, los partidos firmantes -Demócrata Cristiano, Socialista, Por la Democracia y Radical- se preguntan: “¿Qué pasó entonces con esa voluntad de desarrollo regional a partir del carbón?” y responden que “aparentemente entró en crisis, puesto que ya no resulta tan convincente como hace algunos años”.
No obstante, la propia respuesta de los partidos opositores aparece como un tanto tardía frente a la situación crítica por la que atraviesan industrias tan importantes como Mina Invierno y algunas empresas dedicadas al rubro acuícola, que han sido severamente cuestionadas por algunos y defendidas por otros.
Piden compensaciones
La propuesta opositora solicita al Gobierno, en primer lugar, “efectuar, a la brevedad, un llamado amplio a participar de un proceso de deliberación orientado a renovar la actual Estrategia Regional de Desarrollo. Donde se puedan articular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y los intereses de crecimiento y empleo regional”.
Asimismo, dicen, dado que Magallanes contribuye al mundo con vastas zonas de conservación, es posible exigir a cambio “un incentivo económico por estas medidas de salvaguardia del ecosistema, para que sea invertido en procesos que generen valor a la producción como: educación, investigación, capacitación, ciencia, tecnología, innovación”.
Y finalmente, “mejorar aspectos regulatorios que están bajo cuestionamiento, como son la ley y la fiscalización” (...) “Como es el caso de Sernageomin para proyectos mineros; para proyectos acuícolas, Sernapesca; y en general, para cualquier proyecto aprobado ambientalmente, la Superintendencia del Medio Ambiente”.