Ayer en una audiencia de preparación de juicio oral, se llegó a un acuerdo entre defensa y Fiscalía, para mutar el procedimiento a un juicio simplificado, donde fue condenado.

En la audiencia, el imputado Sebastian Luis Antonio Serón Donatti, reconoció su participación en el delito, señalando ante el juez Juan Villa, tal como lo admitió ante las autoridades de la Universidad de Magallanes, mientras se desempeñaba como estudiante.

De acuerdo a los antecedentes que se revelaron en la acusación del Ministerio Público, dan cuenta que en el transcurso del mes de mayo del año 2018 el imputado y ahora asistente de educación básica, Sebastian Luis Antonio Seron Donatti colocó de manera subrepticia un equipo teléfono celular al interior del baño de mujeres del Edificio de Ciencias de la Universidad de Magallanes ubicado en avenida Bulnes 01855 de Punta Arenas, instalando aquel aparato en un basurero de un habitáculo de WC el que dejó grabando a través de la cámara grabadora del dispositivo, de manera de poder captar a cada mujer que ingresaba al sanitario, procediendo entonces a grabar, sin autorización de las afectadas, a diversas mujeres que ingresaban al habitáculo del excusado, captándolas bajándose pantalones y ropa interior, grabándolas tanto en sus rostros como partes genitales, pudiendo advertirse más de cuatro mujeres grabadas por el imputado en tales circunstancias, lo que quedó al descubierto con fecha 15 de mayo del año 2018, ocasión en que personal auxiliar del recinto, tras hacer aseo en el lugar descubre el teléfono oculto por el imputado y lo entrega a la autoridad del establecimiento.

Fue así que el imputado fue condenado como autor del delito de Vulneración a la intimidad y vida privada en carácter de reiterado a la pena de 540 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional por dicho lapso de tiempo, esto es firmar ante Gendarmería y otros requisitos que deberá realizar en el Centro de Reinserción Social, esto considerando  la extensión del mal causado, la naturaleza jurídica del ilícito, el grado de desarrollo alcanzado por éste, la reiteración de los mismos, evitando así una pena de 3 años de presidio que solicitó la Fiscalía en un comienzo.