Constantemente la Contraloría Regional de la República lleva a cabo investigaciones, para detectar irregularidades en las diversas instituciones gubernamentales. En esta ocasión, mediante un informe publicado por su plataforma, le tocó a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional de Punta Arenas (Capredena), la cual es la institución y sistema que usan los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden, para gestionar sus pensiones una vez jubilados.
Según el documento, el objetivo de la investigación, a raíz de la que recibieron una denuncia, era verificar el funcionamiento de los controles administrativos aplicados por la agencia regional de la Capredena local, relacionado con el manejo de fondos, materias de personal y el uso y custodia de los bienes de uso, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con el fin de comprobar si tales procedimientos cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Resultados
El informe, el cual está con reserva de identidades, asegura que hubo un amplio uso irregular de fondos, y por lo mismo, se ordenó un sumario en Capredena Punta Arenas, el cual está en procedimiento desde el 15 de octubre de 2019.
Contratación y pagos a familiares con fondos públicos
Con respecto al detalle, en primera instancia indica que los montos rendidos por la agente regional, no se condicen y resultan desproporcionados en comparación con los valores que cobran las líneas de radiotaxi por los recorridos realizados, arrojando diferencias de hasta 400%. Se explica, que la situación es ocasionada por la vulnerabilidad que presenta el uso de vales de taxi que pueden ser completados de forma manual, en lugar del documento emitido por el taxímetro, exigido mediante la resolución N° 46, de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
También tiene palabras para la agente regional de Capredena Punta Arenas, constatando que solicitó fondos para la contratación a honorarios de una persona, la cual fue abuela de sus hijos. El proceso fue convenido, pagado y aprobado por la propia agente regional, para trabajos realizados en la vivienda fiscal de la cual hace uso.
Además de esto, el documento indica que no existe documentación que permita evidenciar la ejecución efectiva de las labores conducta que contraviene el principio de probidad consignado en el artículo 62, de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a lo dispuesto mediante dictámenes N° 23.929, de 2015, y 41.579, de 2017, de la Contraloría de la República.
El informe continúa con la agente regional, asegurando que realizó gestiones para contratar la empresa de su hermano. “Efectuó los pagos, y validó las planillas de los fondos fijos donde se rinden 5 facturas emitidas por la Sociedad Sersotec SpA., todo por trabajos por los cuales no existe documentación que permita evidenciar su ejecución, conducta que no se condice con lo dispuesto en el artículo 62, de la ley N° 18.575, ni con lo establecido en los dictámenes N° 23.929, de 2015, y 41.579, de 2017, de este Organismo de Control”, detalla el documento.
Control de asistencia irregular
Finalmente, la investigación de la Contraloría Regional de la República evidencia que la agente regional y la funcionaria que la subroga, utilizan un libro de registros para sus asistencias al trabajo, teniendo un reloj biométrico en la oficina. La situación es catalogada de irregular, ya que no se fundamenta el por qué, se usa el libro de registros, lo cual además no se apega al criterio contenido en dictamen N° 43.716, de 2016, del organismo de control antes citado.
Según la página de Capredena, capredena.gob.cl, la encargada regional es Ximena Pardo Vásquez.