El miércoles de esta semana, fuimos testigos de una extensa declaración de varios actores políticos, dirigentes sociales, vecinos y representantes de la comunidad local de la Isla Navarino en la comuna de Cabo de Hornos, en la cual acusaban el robo de 20cajas con canastas familiares de ayuda social destinadas a familias vulnerables para enfrentar la pandemia del COVID-19 y su consecuente crisis social.

La carta expresa que aquella práctica obedece a un profundo y amplio contexto de corrupción al interior de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, que ya lleva varios períodos edilicios, en el caso en rigor, el imputado don Alejandro Barra sería nada menos que brazo derecho del alcalde de dicha comuna, quien a través de irregulares procesos de concurso público logró quedar en la planta de funcionarios como beneficio al ser parte del núcleo duro del alcalde don Patricio Fernández Alarcón.

Expresan además los dirigentes políticos y sociales (entre ellos 4 concejales, un consejero regional y la comunidad Yagán),  que se ha cultivado el nepotismo, y la rotación de cargos de planta en la Municipalidad de cabo de Hornos, individualizando en la carta las relaciones familiares existentes entre las jefaturas de la Municipalidad, recepción de sobresueldos en el pago de horas extras, junto a la existencia de acoso laboral y boicot a todos los funcionarios que se resisten a las prácticas de corrupción al interior de dicha institución.

Así,  la cantidad de irregularidades y enquistamiento del poder en un pueblo de apenas 2000 habitantes expresada en dicha carta es muy grave, y requiere que sea tomada en gran consideración por los órganos de control pertinentes, esto es el Concejo Comunal de Cabo de Hornos, la Contraloría Regional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional.

Revisada la Página web de consulta de Contraloría General uno se puede encontrar con que hay antecedentes que indican: “que la municipalidad ha percibido aportes desde el Ministerio de Salud, desde 1998hasta la fecha, aun cuando no posee ningún establecimiento de atención primaria bajo su administración, y desde principios de 2012 cerró su área de salud y comenzó a contabilizar dichos recursos en el área de gestión municipal”, “Dirección de Control de la Municipalidad de Cabo de Hornos no realizó auditorías relacionadas con los recursos asociados al Departamento de Educación durante los periodos 2016 y 2017, incumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades”. “Se comprobó que la Municipalidad de Cabo de Hornos no ha cumplido a cabalidad con sus funciones, toda vez que cuatro obras terminadas y una en desarrollo no cuentan con sus permisos de edificación ni recepción definitiva” y así sucesivamente, se pueden encontrar al menos 30 informes de auditorías e investigaciones especiales y de seguimiento sólo en los últimos cuatro años en la página web de consulta de la Contraloría en relación a la Municipalidad de Cabo de Hornos.

Llama poderosamente la atención qu haya sido necesaria una carta firmada por varias organizaciones sociales, para que el desastre administrativo en la comuna de cabo de hornos haya salido a la luz, a diferencia de lo ocurrido por ejemplo, con la comuna de Timaukel, en donde el exalcalde Atilio Gallardo Bustamante (Q.E.P.D.) fue imputado, arrestado, condenado,  destituido e incluso inhabilitado perpetuamente para el ejercicio de cargos públicos por sólo celebrar un almuerzo relativamente oneroso para consejeros regionales en Cameron.

No quiero exculpar al fallecido exalcalde de Timaukel, pero pero como operador jurídico y ciudadano me perturba profundamente cuando el brazo de la ley pareciera no aplicarse con la misma severidad a todos por igual.