El 29 de mayo la Corte Suprema condenó al Estado a indemnizar con 686 millones de pesos a la cónyuge y al hijo de Joaquín Arnolds, quien fue gerente general del Desafío Levantemos Chile, y uno de los 21 tripulantes que perdieron la vida a bordo del avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que iba rumbo a la Isla de Juan Fernández el 2 de septiembre de 2011.

Esta es la primera sentencia definitiva que se logra en este aparatoso y extenso caso judicial, y constituye un precedente en este tipo de causas. Bien lo sabe Eduardo Ugarte, abogado que representa ante tribunales a los seres queridos del periodista de TVN Roberto Bruce. Ante este fallo, el profesional letrado detalló en entrevista con Pingüino Multimedia que “se estableció lo que veníamos reclamando hace ocho años que es que la caída del avión se debió a un conjunto de negligencias por parte de la Fuerza Aérea de Chile”.

Debido a lo anterior y ante la semejanza de antecedentes que los familiares de las víctimas del Hércules C-130, que se destruyó en diciembre cuando iba rumbo a la Antártica, solicitan investigar en las respectivas querellas, Ugarte desmenuzó las diferencias y similitudes de ambas tragedias aéreas en los aspectos jurídicos, desde los procesos indemnizatorios hasta las dificultades que evidencian este tipo de investigaciones en contra del Fisco.

- ¿Cuál es su análisis de la tragedia aérea del Hércules C-130?

“Es muy lamentable enterarse que se produjo otra tragedia de similares características. Era un avión en el cual murieron 38 personas, de las cuales una parte son funcionarios de la FACh que iban en la tripulación para cumplir con funciones propias de la institución, pero otros 21 pasajeros eran civiles que iban a prestar labores en la Antártica, que perdieron la vida y que lamentablemente se sabe menos porque han aparecido pocos rastros del avión, pero queda la tremenda interrogante de que cómo es posible que un avión de la FACh se pierda en vuelo, más allá de las difíciles condiciones de vuelo, pero estamos hablando de la máxima institución de aviación en Chile”.

- Desde su perspectiva, ¿cuáles son los problemas judiciales a los que se pueden enfrentar las familias en comparación al caso que usted ha llevado adelante?

“El Consejo de Defensa del Estado tiene la obligación legal y moral de defender el patrimonio fiscal y en consecuencia adopta la posición contraria de los demandantes en este juicio, y es una oposición difícil ya que litigan bastante bien y no deja recurso por intentar. Los litigios son muy largos y en nuestro caso hubo una tremenda demora producto de una ardua discusión respecto de si la competencia era de Santiago o de Valparaíso, una discusión que teóricamente pudo haberse evitado y que introdujo una demora de un par de años y esa es una de las dificultades que enfrentan las familias. En el caso de Punta Arenas, desconozco si hay demandas civiles y los procedimientos penales son mucho más cortos, pero hay que ver qué va a pasar”.

- Y respecto al Casa 212 ¿hubo cooperación por parte de la FACh en cuanto a la investigación o el mantener el contacto con las familias?

“La cooperación fue en base a toda lo que se solicitó a través de los tribunales, y eso no es para que uno se pare a aplaudirlos. Pero no hubo negación de cooperación. Fueron entregando la información que se les iba solicitando a través de los distintos procedimientos que dieron origen al accidente. Hubo a lo menos tres procedimientos: uno penal, que quedó radicado en la justicia militar dada la calidad de los presuntos responsables; hubo varios juicios civiles, que fueron en los que he participado; y además un procedimiento administrativo interno en la FACh, que terminó con la recomendación de algunas sanciones. Pero colaborar con las investigaciones es la obligación que tenemos todos”.

- ¿Durante todo este proceso se ha determinado la causa que provocó el accidente?

“Sí. En los accidentes aéreos, en general, suele haber una concurrencia de causas y sucesos que desencadenan estos lamentables hechos. Pero acá todas las causas corresponden a negligencias de distinto tipo de la FACh, tanto en la planificación como en la ejecución del vuelo. Ese día 2 de septiembre de 2011, en Juan Fernández había una condición climática inestable, porque había pasado un frente de mal tiempo hace muy poco, aparte que tiene un clima muy cambiante con vientos muy fuertes que aparecen y desaparecen durante el día, y eso lo sabe toda la gente que va para allá. Pero ese día en particular, había una condición inestable posfrontal y al avión lo enviaron en una modalidad que se llama ‘de no retorno’, es decir, con combustible suficiente para ir, pero no para volver. Hay un punto teórico en el trayecto que cruzado aquel, el avión no tiene capacidad para volver”.

“Lo relevante es que en esas malas y complejas condiciones, el avión va sin posibilidades de retornar a ningún aeropuerto, y la única posibilidad que tenía era aterrizar. Además tenía el tren de aterrizaje fijo, no retráctil, entonces tampoco puede intentar amarizar. Fue así de riesgoso lo que hizo la FACh cuando mandó ese avión. Todo eso se sabía, incluso la nave podía haber llevado estanques con más combustibles, y en una decisión que tampoco se explica, la FACh retiró esos estanques y lo llenó con su máxima capacidad que eran 21 pasajeros. Era un vuelo que no debió haber salido nunca en las condiciones en que salió”.

- En la tragedia de diciembre aún se desconocen las causas, incluso el fiscal regional solicitó ayuda internacional, ¿Puede haber una similitud con lo que pasó con el Hércules C-130?

“Lo que he sabido por lo que he conversado con algunos abogados de esta causa, es que todo indica que el avión colapsó en el aire. Aparentemente se destruyó de manera abrupta ya que no hay rastros importantes del avión, porque de haber chocado contra el mar habría habido algún tipo de señal desde el avión antes de tocar el mar, porque esas se despachan automáticamente y eso hoy no existe”. “Esto podría deberse a que el avión tenía un defecto que lo hizo colapsar por sí mismo, o bien porque alguna carga peligrosa que llevaba hizo que colapsara, eso es lo que hay que investigar, y ahí se apunta a una posible responsabilidad porque no saben qué tipo de control se hizo a los elementos que las personas subieron al momento de embarcar”.

- Respecto del fallo de la Corte Suprema que obliga a indemnizar a la familia de Joaquín Arnolds ¿se establece un precedente para las familias tanto del Casa 212 como las del Hércules C-130, que podrían ganar estos fallos?

“Es difícil que los montos de las indemnizaciones sean exactamente los mismos en uno o en otro caso, siempre hay alguna consideración especial que hace que el monto no sea el mismo, no es una cosa matemática, pero sin duda que el fallo de la Corte Suprema establece un criterio respecto de cómo se indemnizan este tipo de accidentes: por una parte son los daños materiales, es decir, las pérdidas en dinero, y en el caso de las personas que fallecen es el dinero que dejan de aportarle a sus familias. Como era gente joven en su mayoría les quedaba una gran expectativa de vida, de seguir trabajando y aportarle a su familia esas remuneraciones. Eso es matemáticamente calculable y eso depende de la realidad de cada familia. Lo otro es el daño moral, y es una forma de compensar el dolor de las familias por la pérdida. Es una medida reparativa con el objetivo de hacer más llevadera la vida a alguien que ha perdido un ser querido, y acá inciden las características del accidente que generan una aflicción mucho más grande. Acá la intensidad del dolor es distinta y ahí creo que el caso del Hércules se puede parecer mucho al del Casa 212”.