La aparente calma social derivada de la sensación, y también de evidencias empíricas, de estar dentro de un sistema viralmente enfermo y decadente, se ha vuelto a trastocar ya resquebrajar, marcada como siempre por una variedad de puntos de vista, opiniones y creencias. A una realidad inobjetable de situaciones sociales empobrecidas, que generamos como un espejismo de sociedad moderna, avanzada y de primer mundo, se opone un modelo de crecimiento que requiere de una continuidad de funciones y de estructuras. Es justamente en esta discrepancia de fondo en donde aparecen afirmaciones inconciliables y que generan, en la pasiva mirada de muchos ciudadanos y ciudadanas, una incertidumbre más profunda pues tiene que ver con nuestra proyección humanamente digna, más allá de lo meramente laboral, pero y al mismo tiempo, con el dilema de mantener una sobrevivencia día a día. La pandemia no ha tenido la fuerza suficiente para ocultar, como declaraba publica y tempranamente la Gran Logia el pasado octubre, una indignación social frente a un estado de cosas que afecta cotidianamente a la gran mayoría de los y las habitantes de nuestro país y que provoca que muchas personas vivan en el desaliento y otras en condiciones mínimas de sobrevivencia, marginados de las oportunidades y del reconocimiento de sus méritos y talentos. Por el contrario, ha vuelto a poner en la discusión los cuestionados y no consensuados conceptos de seguridad social y beneficio definido y público, en tiempos en que, como cruel y paradójica verdad, una persona puede llegar a generar en un día y para sí mismo millones de dólares, mientras que, en el otro extremo, las ollas comunes producto de las carencias básicas, se hacen parte de una solidaria normalidad colectiva. En estos opuestos de verdades reales, aunque profundamente controversiales en su significación humanista, pareciera que la razón se somete a la estimación en la búsqueda de la adecuación. La solución para el problema de la liberación parcial de los ahorros pro-jubilación digna no puede descansar solamente en un ajuste probable de consecuencias a futuro ya que, bajo las actuales condiciones, la realidad está mostrando otra verdad que requiere con urgencia, una mirada reflexiva además de social y éticamente responsable. Como se indica en la declaración mencionada previamente, como sociedad tenemos el desafío de poner en la mesa de la discusión republicana y avanzar en soluciones y no en estimaciones de injusticias evidentes, producto de la inequidad de las políticas públicas respecto a servicios y bienes como la salud, educación, pensiones, ingresos y otros. En este contexto, resulta también importante como un deber social irrenunciable, continuar implementándolas condiciones cívicas necesarias para asumir un diálogo efectivo y creíble que permita mostrar una hoja de ruta sobre bases éticas en el ejercicio del poder y que neutralice la intensidad de los intereses de pequeños grupos que utilizan su posición para imponer argumentos sociales y jurídicos en detrimento de las justas aspiraciones ciudadanas.