Un año y nueve meses se cumplieron desde que ocurriera el trágico desplome de un escenario dispuesto para la celebración del solsticio de verano de 2018, evento organizado por el municipio de Punta Arenas y que dejó a 10 personas con diversas lesiones, siendo la más grave la sufrida por la señora Marlene Marimán García, quien resultó con múltiples fracturas que terminaron por originar un grave problema respiratorio, y lamentablemente perder la vida en febrero del año pasado.

Durante todo este tiempo, sus familiares encabezados por Lorena Rivera, cuñada de la víctima, han hecho todo lo posible para que se esclarezcan las responsabilidades penales de este hecho, interponiendo una querella criminal con el objetivo de que el Ministerio Público instruya investigar las eventuales negligencias que pudieron ocasionar este accidente.

“Mi hermano y sus hijas han estado bastante mal, obviamente que la contingencia social y el encierro no ayuda más, el estar esperando fechas de los tribunales que se cambian una y otra vez, y es una batalla que no será fácil, pero mi hermano y sus hijas están con plena convicción de hacerlo hasta el final. Éste ha sido un proceso que se ha ido suspendiendo hasta que por fin hoy (ayer) tuvimos la formalización, y ya que fue recibida la causa de buena forma, nos da pie para continuar con acciones civiles”, reveló.

Formalización

Precisamente, ayer el fiscal Sebastián González le comunicó a José Luis Almonacid Aguilar, encargado de la Unidad de Eventos del municipio, que se abría una investigación en su contra por su presunta autoría en el cuasidelito de homicidio.

El hecho aconteció la tarde del 21 de diciembre de 2018, cuando la estructura fue levantada en el sector costero frente a la Plaza Quinto Centenario donde ese día se presentaba el grupo musical “Santa Feria”, espectáculo que congregó a cerca de 5 mil personas.

“Él instruyó personalmente el armado de los andamios, haciendo caso omiso a la reglamentación básica en normas de seguridad. Además, colaboró en la construcción, él mismo armó estos andamios de manera deficiente, no respetando la normativa”, detalló el persecutor.

En el mismo ilícito también es imputado Ítalo Bravo Pozo, técnico en prevención de riesgos contratado para dicho evento, quien no compareció a la audiencia al no estar notificado. Su formalización será el próximo 15 de diciembre.

“Él también negligentemente no verificó las condiciones mínimas de seguridad en lo que se refiere a la construcción de los andamios, y no realizó ningún tipo de observación a los organizadores”, acotó.

Finalmente, el magistrado Franco Reyes decretó para Almonacid el arraigo nacional y la firma mensual, fijando 120 días para el cierre de la investigación.

Tras la audiencia, la cuñada de la víctima se manifestó conforme, señalando que “si bien fue una negligencia y un error que trajo consecuencias fatales, aunque no tiene las características de un asesinato, ellos tienen que pagar por su negligencia”.