La mañana de ayer comenzó un juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, en contra de dos individuos quienes a mediados del año pasado fueron encarcelados tras ser acusados de drogar y violentar sexualmente de dos menores de edad, a las cuales las pasaron a buscar a la Plaza de Armas para luego “ir todos a carretear” al domicilio de uno de los acusados, momento en que fueron perpetrados los ilícitos.

Según la acusación presentada por el fiscal Fernando Dobson, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 24 de junio, cuando las víctimas de 13 y 14 años se encontraban en el sector céntrico de Punta Arenas bajo los efectos del alcohol, abordaron el vehículo del imputado Luis Alejandro Sepúlveda Martínez, quien a su vez transportaba a la tía de una de las niñas. Todos se transportaron hasta una vivienda ubicada en calle Luis Uribe, que corresponde al domicilio del otro acusado identificado como Camilo Hernán Vargas Gamín.

Fue aquel lugar donde ambos sujetos les suministraron alcohol a las menores de edad, mientras que el dueño de casa les ofreció clorhidrato de cocaína, sustancia que mantenía en su poder, y que les fue dada a las niñas.

En este contexto, estando ambas afectadas ebrias y bajo efectos de estupefacientes, incluso una de ellas se mostró indispuesta vomitando durante parte de la noche, fue que ambos acusados se aprovecharon de las circunstancias y de la incapacidad de las víctimas para oponerse, procediendo Vargas Gamín a abusar sexualmente de la niña de 14 años, mientras que Sepúlveda Martínez violó a la menor de 13 años de edad.

En horas de la tarde del día siguiente y tras efectuada la respectiva denuncia, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuaron una revisión del sitio del suceso, donde se encontró al interior de una prenda de vestir un papel que contenía 0,5 gramos de la droga antes mencionada.

Ambos declararon

Tras ser consultados por los magistrados, ambos sujetos decidieron brindar su declaración, afirmando Sepúlveda que todo se basó en un ambiente de “carrete” ya que se habían juntado previamente para ver un partido de fútbol de la Selección Chilena, al cual ambas afectadas no estaban inicialmente invitadas, pero que su tía –que andaba con uno de los acusados- las habría incluido en la junta.

Posteriormente, aseguró que en dos ocasiones mantuvo relaciones sexuales con la niña de 13 años, las que –según dijo- habrían sido “consentidas” entre ambos y en presencia de la tía de la otra niña, quien se encontraba en la misma habitación, la que desde un principio había mencionado que ambas niñas tenían 17 años. A la vez, el acusado señaló que él no le habría suministrado droga a ésta. 

Cabe indicar que en los preceptos legales no corresponde asegurar que hubo “consentimiento” con la víctima, puesto que el mantener cualquier tipo de intimidad con una menor de edad es considerado como una violación.

Asimismo, Gamín relató que una tercera persona llegó a la junta con un papelillo con cocaína que él mismo le había encargado. Respecto a la víctima de 14 años, indicó que el la había ayudado a lavarle su pollerón debido a que ésta se puso a vomitar y luego ella se recostó en una cama. También descartó haber compartido la droga más fuerte con las menores, aunque sí reconoció haberles ofrecido marihuana.

“Ella estaba acostada en la cama y yo me acerqué a ella. Cometí el error de acercarme y tocarla. De ahí nada más, no proseguí a nada. Admito que estuve mal en ese sentido, la toqué en un estado que no era prudente”, manifestó libre y espontáneamente tras haber renunciado a su derecho a guardar silencio.

Penas

De este modo, la Fiscalía solicitó que se le imponga a Luis Sepúlveda la pena de 7 años de cárcel efectiva por el delito de violación impropia, además de 800 días por microtráfico de drogas. Sin embargo, los abogados querellantes del Programa de Representación Jurídica “Tus Derechos” pidieron que se reconozca la circunstancia agravante de haber cometido el delito con alevosía y, por lo tanto, se le imponga la pena de 15 años de prisión.

En tanto para Camilo Vargas se solicitaron 4 años de presidio por el delito de abuso sexual y otros 3 años y un día por microtráfico, mientras que la parte querellante pidió 5 años por el primer delito.