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Columna de Opinión:

Covid y conservación: solución a largo plazo

opinion
22/02/2021 a las 15:31
Pinguino Web 1
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Carolina Morgado, Directora Ejecutiva de Tompkins Conservation Chile.

El mundo, el país y nuestra región hoy enfrentan las consecuencias de la crisis medio ambiental. El resultado de más de un siglo de irresponsable actividad productiva y extractiva tiene a algunos chilenos y chilenas viviendo en lo que tristemente conocemos como ‘zonas de sacrificio’. Por ello, los magallánicos y magallánicas vemos con mucho temor cómo la industria salmonera se apropia cada vez más de nuestros fiordos y mares. A ello se suma el impacto global de la crisis ambiental derivada del aceleramiento del cambio climático, que es un desafío que debemos enfrentar como humanidad entera, y cuyas consecuencias ya se evidencian en nuestra región al notar año a año cómo retroceden nuestros glaciares.

La Constitución actual ‘se queda chica’ ante estos enormes desafíos. Su listado de derechos (lo que conocemos como parte dogmática) solo contempla el derecho ‘a vivir en un medio ambiente libre de contaminación’, cuya configuración se aleja de la tendencia internacional. Su ‘sala de máquinas’ (lo que conocemos como parte orgánica, donde se regula a los principales órganos del Estado) es bastante deficiente estableciendo solamente un deber general de protección y tutela por parte del Estado, que no ha sido suficiente para evitar las zonas de sacrificios.

La nueva Constitución es una oportunidad para alcanzar un nuevo pacto social medioambiental que nos habilite a enfrentar esta crisis. Debemos ajustarnos a los estándares internacionales y consagrar el ‘derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado’, que deje atrás la concepción del ecosistema como un conjunto de recursos para ser extraídos, y reconozca que somos una parte integrante del mismo y lo requerimos para seguir subsistiendo. También debemos avanzar en la inclusión de principios como la justicia ambiental, que de cuenta de la solidaridad intergeneracional, y el reconocimiento del agua, el suelo, los minerales y el espacio marino y costero como bienes comunes cuyo destino se defina en función del bien colectivo, y no en función de intereses privados.

Pero la constitución no solo son derechos y principios, la ‘sala de máquinas’ requiere incluir derechos procesales que aseguren la participación directa y vinculante de la ciudadanía para evitar los conflictos socioambientales, o darles solución si estos se producen. También el fortalecimiento de la ciencia y de su mejor aliada -la universidad pública presente en cada región y territorio de nuestro país- es necesario para que los derechos y principios medioambientales no queden solo como buenas intenciones en un papel, y se materialicen en una institucionalidad fuerte y garantista.

La lucha contra la crisis ambiental no se ganará solo con la Nueva Constitución, pero ella es una oportunidad para alcanzar un nuevo pacto socioambiental que nos habilite a transitar por un nuevo modelo de desarrollo en el que iniciemos una nueva relación de nuestra sociedad con la naturaleza.

Decide, participa y vota este 11 de abril.

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