A pocas semanas que los magallánicos y magallánicas elijamos a los convencionales que nos representaran en la Convención, aún se escuchan voces que señalan que la Nueva Constitución es irrelevante o que no solucionará nuestros problemas. Que es más de lo mismo y que ni las AFP, ni Fonasa, ni las Isapres están reguladas en la actual Constitución, por lo que las reformas en materia de pensiones, educación y salud dependen de cambios legislativos. En el otro extremo también hay voces, incluso de candidatos a constituyentes, que parecieran no entender de qué se trata el debate constitucional, o con el afán de conseguir votos, ofrecen cambios legislativos elevando, peligrosamente, las expectativas en este proceso. Lo cierto es que las constituciones tienen dos partes: (i) el listado de derechos, o parte dogmática, en la que por ejemplo encontramos el derecho a la salud, educación y seguridad social (que sirven de base para nuestros sistemas nacionales de salud, educación y pensiones); y, (ii) la organización del poder o parte orgánica que configura nuestro orden democrático sentando las bases del rol del Estado (la base de nuestro sistema de gobierno, sistema judicial, los gobiernos regionales y comunales). Si me permiten usar una metáfora, en la constitución están las semillas de nuestros sistemas de pensiones, de salud, de educación, el rol de la ciudadanía en nuestra democracia y la configuración regional y comunal de nuestro país.

Así, dado que la semilla del derecho a la seguridad social (pensiones) en la actual Constitución garantiza solo el acceso a un sistema, sin incluir los principios de solidaridad y universalidad, hoy contamos con un sistema de capitalización individual, que replica las inequidades del mercado laboral, y en el que las protagonistas son las AFP. En materia educacional, la Constitución de 1980 eliminó el rol primordial del Estado y también la prohibición de lucro de los privados (que existía en la Constitución de 1925), lo que explica en parte los escándalos de lucro en universidades y el complejo momento de nuestra educación pública. Finalmente, en el caso de la salud nuevamente la actual constitución solo garantiza el poder elegir entre un sistema privado o público, que explica que en nuestro país hayan dos sistemas separados: uno con muchos fondos y mejor calidad para quienes pueden pagar, y otro masivo, con largos tiempos de espera, para quienes no.

Entonces, para modificar nuestros desiguales sistemas de pensiones, educación y salud requerimos un nuevo pacto social que reemplace las viejas semillas implantadas en 1980 y plante nuevas basadas en mayor dignidad, equidad y justicia. Pero de una nueva semilla no nace inmediatamente un árbol, sino que se requerirá un tiempo para que nuestro nuevo sistema democrático, con un mayor equilibrio entre el Presidente o Presidenta, el Congreso y la ciudadanía, y con más autonomía en las regiones y comunas, hagan crecer árboles más justos y solidarios. El 80% de los chilenos y chilenas que votamos Apruebo sabemos de la importancia de este proceso, por lo que es poco probable que aquellas voces que la niegan triunfen este 11 de abril.

Decide, participa y vota.