El próximo 11 de abril se realizará una de las elecciones más transcendentales desde el retorno a la democracia y no solamente porque se elegirán a los miembros de la Convención Constitucional, sino que además porque comenzará el proceso de la tan anhelada descentralización, lo cual comenzará a producirse con la elección de gobernadores regionales.
En Magallanes, fueron seis las personas que decidieron emprender este desafío y que buscan ser el próximo gobernador regional.
Los candidatos son Jorge Flies, representando a la exNueva Mayoría; Juan José Arcos, en representación de Chile Vamos; Claudio Flores, independiente apoyado por el Partido Humanista; Christian Matheson, independiente, Manuel José Correa, candidato independiente, y el candidato del Partido Comunista y del Frente Amplio, Dalivor Eterovic.
Pingüino Multimedia les consultó a los postulantes respecto de quién consideran que deberían tener las atribuciones de las leyes de excepción y quienes deberían tener mayor mandato en la región.
Cinco de seis candidatos respondieron a las preguntas y hasta el cierre de esta edición el candidato del PC, Dalivor Eterovic, no respondió a nuestro medio.
“Me encantaría un sistema más similar al de Estados Unidos, donde los gobiernos regionales tienen la mayor parte de la toma de las decisiones”, sostuvo Juan José Arcos.
- ¿Quién cree que debiese tener las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes, el gobernador regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“Como primer concepto lo que tenemos que tener en claro es que la figura del gobernador regional es producto de una larga lucha que hemos dado los regionalistas para poder avanzar en la descentralización efectiva del país. Entonces claramente, si bien es cierto, en Chile se ha utilizado una figura híbrida como lo es de crear la figura del delegado presidencial restándole atribuciones al Gobierno Regional, no es menos cierto que este es un tema que va a tener que ser revisado por la Convención Constituyente donde yo creo que esta situación va a ser revertida y vamos a tener un cambio sustancial en las atribuciones de gobierno que tienen los gobernadores regionales. En lo particular a mí me encantaría un sistema más similar al de Estados Unidos, donde los gobiernos regionales tienen la mayor parte de la toma de las decisiones del territorio, pero no podemos obviar que hoy día el Presidente de la República puede delegar sus atribuciones en los gobiernos regionales en la medida que haya una petición formulada por el consejo regional y el gobernador respectivo así que la forma en que se conduzca la región va ser relevante en cuanto a obtener más atribuciones en materia de gestión regional. Erróneamente siempre se entiende que una ley de excepción es un beneficio que se da a una región cuando en realidad lo que ocurre es que existe una compensación que se otorga en razón de qué el Estado ha sido incapaz de generar una conexión territorial adecuada por lo que debe compensarse la deficiencia del gobierno central a través de leyes que en rigor jurídicamente ya no se llaman de “excepción” sino que de “corrección” y que tienen por objeto igualar las condiciones para permitir la generación de unidades productivas y por ende la absorción de mano de obra aquellas zonas que se encuentran rezagadas especialmente porque el Estado ha sido ineficaz en cuanto a dotarlas de la infraestructura adecuada para la comercialización de los productos originarios de cada territorio, figura que normalmente se da en las zonas extremas”.
- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor mandato en la región que el delegado presidencial?
“Sí, absolutamente lo que debiéramos tener aquí la figura el gobernador regional con el tiempo se asimile a la que tiene el gobernador estatal. En los Estados Unidos sistema que ha funcionado bastante bien ya que permitido que en definitiva el grueso de las decisiones vaya siendo tomada en los territorios por autoridades que conocen la problemática local; Pero soy optimista en cuanto a esto por cuanto los regionalización es un proceso virtuoso y constante que comenzó en Chile en gran medida por los regionalistas de Magallanes a partir del año 1932 y que a estas alturas se ha transformado en un proceso irreversible donde hasta lo más acérrimos seguidores de la figura del Estado unitario han ido comprendiendo que el proceso de regionalización en ningún caso significa es escisiones territoriales sino que Una mejor forma de administrar el país toda vez que las decisiones van siendo tomadas en los territorios por personas que conocen la zona y que están más capacitada para resolver sus propias pro problemáticas por lo que a estas alturas me parece que el proceso de regionalización es un proceso irreversible Dónde cada vez más Las regiones Irán teniendo más autonomía Y ya dejaremos de hablar de izquierdas o derechas y nos concentraremos en las constantes negociaciones entre el poder central y el poder regional lo que trae una nueva óptica para la política chilena en cuanto por fin lo que se va a someter a debate van hacer los problemas de la gente real y no las típicas discusiones de trincheras ideológicas pasadas de moda en la mayor parte del mundo desarrollado”.
“Debería ser el gobernador regional electo por votación popular, quien administre todas las leyes de excepción”, sostuvo Claudio Flores.
- ¿Quién cree que debiese tener las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes, el gobernador regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“Respecto de las atribuciones de las leyes de excepción de la región de Magallanes y Antártica Chilena, debería ser el gobernador regional electo por votación popular, quien administre todas las leyes de excepción aduanera, tributaria, de incentivo a la inversión y de incentivo a la contratación, ya que la principal función por ley de esta autoridad es el “desarrollo social, cultural y económico” de la región, y en este sentido es de toda lógica que el gobernador tenga esa autoridad de firma de los contratos y de fiscalización de su cumplimiento. Adicionalmente, las leyes de excepción deberían adecuarse a la Estrategia de Desarrollo Regional que proponga la nueva autoridad, para que los incentivos señalados anteriormente, fomenten la inversión en las líneas de desarrollo propuestas”.
- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor mandato en la región que el delegado presidencial?
“Respecto del mayor mandato en la región del gobernador regional versus el delegado presidencial, tengo la convicción de que cuando asuma el cargo, demostraremos que el Gobierno y su Consejo Regional (CORE) somos capaces de administrar una región, y la solicitud de nuevas de transferencia de competencias consagrada en el párrafo 2 de esta ley, serán cada día más requeridas por la región, al punto en que el gobernador regional podrá junto al Consejo Regional, los alcaldes y alcaldesas y sus respectivos concejos municipales, demostrarle al centralismo de este país que podemos tomar decisiones como región sin necesidad de que nos dirijan con un control remoto desde Santiago”.
“La elección del 11 de abril es un primer paso en la descentralización política y queda mucho por avanzar”, sostuvo Manuel José Correa.
- ¿Quién cree que debiese tener las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes, el gobernador regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“Actualmente, nuestro sistema impositivo es centralizado, por ende, las atribuciones de las actuales leyes de excepción, emanan del Gobierno Central y son delegadas en el intendente. Por tanto, considero estrecho el debate sobre quién tendrá las atribuciones sobre las leyes de excepción, cuando lo que debiera importarnos son las atribuciones sobre los impuestos regionales que dicen relación con las exenciones,
IVA, renta o específicos; porque los impuestos son herramientas para el
ordenamiento territorial y atracción de inversiones. Y lo que debemos
hacer es reactivar la economía y crear empleos para nuestra gente.
No olvidemos que un candidato eliminó Mina Invierno dejando
a miles en la calle, y tampoco es favorable a la industria acuícola,
hoy casi exclusivo motor de la economía regional. Por ello, cabe
preguntarse: ¿quién de los candidatos a gobernador regional genera mayor confianza para atraer la inversión de empresas y creación de puestos de trabajo en la región? ¿Un médico o un economista?”.
- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor mandato en la región que el delegado presidencial?
“El
proceso de descentralización recién comienza. La elección del 11 de
abril es un primer paso en la descentralización política y queda mucho
por avanzar en lo administrativo y financiero. Por ello, será clave
elegir un gobernador
independiente del poder central para ganar espacios de autonomía,
porque el resto de los políticos de siempre, responden exclusivamente a
las cúpulas partidarias de Santiago. Este es el momento de cambiar”.
“Queda preguntarse si es necesario que exista un delegado presidencial regional”, sostuvo Jorge Flies.
- ¿Quién cree que debiese tener las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes, el gobernador regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“El intendente tiene competencias en la Ley Navarino, en la Ley Tierra del Fuego, en la Zona Franca y en el D.F.L. N° 15, por lo que una vez que desaparezca dicho cargo y asuman las nuevas autoridades de gobernador regional y delegado regional presidencial, surge un problema para determinar cuál de ellos deberá continuar con el conocimiento de estos estatutos. Al respecto, el artículo vigésimo octavo transitorio de la Constitución, previene que los gobernadores regionales electos tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional y que el resto se entenderán referidas al delegado presidencial regional. Sin embargo, los estatutos especiales no identifican al intendente como órgano del gobierno regional (porque dichas entidades fueron creadas con posterioridad), pero tienen claros tintes de funciones de administración superior de la región, pues persiguen objetos de fomento productivo y de ordenamiento territorial, que son las tareas que asume el gobernador regional. Adicionalmente, en estos estatutos especiales interviene el Consejo Regional, por lo que sería absurdo que conviva una gestión entre el delegado regional presidencial y el órgano colegiado, excluyendo al gobernador regional. Este problema debe ser resuelto por ley, para darle al gobernador regional las funciones en forma clara, porque en caso contrario se corre el serio riesgo de una contienda de competencias generando la incertidumbre en la inversión y en el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de estos estatutos especiales, que están sometidos a la supervigilancia del intendente. Si realmente queremos avanzar en descentralización, estos estatutos tributarios deben ser entregados a la administración del territorio, es decir, al Gobernador Regional, sin perjuicio de la fiscalización y control que le compete a los otros Servicios Públicos involucrados, como la Aduana, Tesorería e Impuestos Internos”.
- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor mandato en la región que el delegado presidencial?
“Es importante no pasar por alto que el país se divide administrativamente en regiones y éstas en provincias, las que a su vez se dividen en comunas. A los municipios les corresponde la administración de la comuna. Lo mismo debiera ocurrir con las regiones, cuya administración se entrega a los gobiernos regionales, del cual el gobernador regional es parte. Queda preguntarse si es necesario que exista un delegado presidencial regional, o si, por el contrario, es suficiente con tener delegados presidenciales provinciales. Si no existen delegados presidenciales en las comunas, tampoco tiene sentido tenerlo en las regiones. Creo que el delegado regional presidencial debiera desaparecer, sin perjuicio de mantener al delegado presidencial provincial, para que éste ejerza las tareas de gobierno interior en la unidad provincial, pero reservando la administración regional al gobernador regional, tal como se reserva la administración comunal al alcalde”.
“Las facultades de los gobernadores regionales podrán aumentarse a partir del 2022”, sostuvo Christian Matheson.
- ¿Quién cree que debiese tener las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes, el gobernador regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“Este es un tema complejo porque tiene muchas aristas que considerar. Las Leyes de Excepción, como es sabido, incluyen beneficios que pueden ser exención de impuestos o reembolsos, lo que es equivalente a un subsidio o un pago efectivo. Esto tiene una directa relación con recursos financieros. Por otra parte, los recursos necesarios para satisfacer estas leyes de excepción están en la actualidad considerados en el presupuesto de la nación y vienen directamente del Ministerio de Hacienda, pagándose con recursos de Santiago. Si bien pienso que el Gobernador Regional debe tener ciertas atribuciones con respecto a las decisiones que se tomen en este ámbito, estas necesariamente tendrán que ser en concordancia o acuerdo con el Gobierno central de turno. Lo peor que podría pasar es que se le entreguen todas las atribuciones a los Gobernadores Regionales y esto viniera aparejado con la obligación de pagar los subsidios o reembolsos con los fondos del FNDR, lo que en definitiva le causaría un daño terrible al presupuesto Regional”.
- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor mandato en la región que el delegado presidencial?
“Debería
ser, pero en un comienzo no será así. El nuevo sistema mantiene en
gran parte el actual, solo que crea al Gobernador Regional como
autoridad principal del Consejo Regional, facultad que antes también se
incluía en el Intendente. Además, el Intendente se pasa a llamar
Delegado Presidencial. Por lo tanto, hay muchas áreas que quedan en la
práctica bajo la tuición del Delegado Presidencial a través de las
Seremi y los Servicios Públicos.
De acuerdo al Decreto No. 656 del 26
de diciembre del 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica,
las facultades de los Gobernadores Regionales podrán aumentarse a
partir del 2022, cuando estos últimos puedan solicitar al Gobierno
Central el traspaso de competencias o facultades de algunos servicios
públicos al Gobierno Regional. Esperemos que en Santiago exista una
buena acogida de nuestras solicitudes. Esa será una gran oportunidad
para que la regionalización comience a funcionar verdaderamente”.