7 días recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Natales alcanzó a estar Jaime Cabrera Almendra.

Aunque cumplía con prisión preventiva por presuntamente someter a trabajos forzados a ocho personas de nacionalidad haitiana, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió la apelación de su defensa y decidió cambiarla a firma quincenal y arraigo regional.

Cabrera Almendra fue formalizado el viernes pasado por el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados, servidumbre y esclavitud. Las víctimas serían ocho haitianos que trabajaban para él en la recolección de musgo.

Según los antecedentes de la Fiscalía, el 2018 el imputado los instaló en el kilómetro 10 de Villa Renoval. En el lugar, las víctimas hacían frente al frío magallánico en una choza de material ligero y aislada con bolsas plásticas.

En la formalización, se dijo que trabajaban entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. De pago recibían 500 pesos por saco recolectado. Sus colegas chilenos, en cambio, tenían una remuneración de entre 700 y 1.000 pesos.

Tras escuchar los hechos y los antecedentes de la carpeta investigativa, el Juzgado de Letras y Garantías de Puerto Natales decidió enviar a Cabrera Almendra a la cárcel mientras dure el procedimiento en su contra.

Los descargos de la defensa

El miércoles, la defensa recurrió a la Corte de Apelaciones y apeló a la medida cautelar que pesaba sobre su representado.

“Relatado desde el Ministerio Público, esta persona parece ser malvada y explotó a ciudadanos extranjeros de manera cruel, inhumana e indigna. Sin embargo, eso nunca ocurrió así”, dice el abogado defensor, Mario Elgueta.

El defensor Elgueta señala que el tribunal de Puerto Natales sentenció los problemas entre Cabrera Almendra y sus empleados el 2018. Ese año, el juzgado mixto recibió dos denuncias laborales en contra del imputado, pero fueron descartadas. “El juzgado de Letras y Garantía determinó que mi representado tuvo todo lo contrario a lo que se le denunciaba. Se preocupó por las condiciones de alimentación, de vivienda y laborales, que fueron adecuadas”, dice.

La Fiscalía señaló ante los ministros que era necesario mantener al imputado tras las rejas. Esto, debido a la pena asignada al delito de trata de personas, a que su libertad constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad y para asegurar el éxito de la investigación.

La sala –compuesta por los ministros María Isabel San Martín, Víctor Stenger y el fiscal judicial Pablo Miño– se inclinó por la posición de la defensa.

“La fuerza y precisión de los antecedentes no resultan de la entidad necesaria para imponer la medida cautelar más intensa que previene nuestra legislación”, dice el fallo.

Aunque quedó en libertad, Cabrera Almendra seguirá siendo investigado durante los próximos tres meses. Además, tendrá que cumplir con firma quincenal en dependencias del Ministerio Público y con arraigo regional.