Hace unos años tímidamente, pero no menos convencidos, políticos de izquierda o progresistas como se hacen llamar para encubrir su verdadero domicilio ideológico, se referían a que el Estado se adueñara de los fondos de pensión que los chilenos han ahorrado por muchos años. Abierta de par en par la compuerta que les permitió alcanzar posiciones de poder, ahora los progresistas proponen sin recato nacionalizar todos los dineros de las AFP, que son los ahorros de cada persona, con el fin, dicen, de financiar actividades productivas en el país. Evitan usar el término expropiar, de amargo recuerdo en Chile bajo el gobierno socialista y comunista de la Unidad Popular, cuando arrasaron con la propiedad privada; gobierno del que por lo demás la izquierda se enorgullece. Expropiar es quitarle el dominio de su propiedad a un privado, normalmente con indemnización, por razones de utilidad pública. La izquierda usó, abusó y abusa de tales razones, pues bajo su concepción ideológica pasar a manos del Estado actividades productivas privadas está dentro de su ideario y la utilidad pública puede ser cualquiera que el gobernante estime. Por eso omiten hablar de expropiación, pues hace unos pocos años lo hicieron sin pudor. El resultado fue que la economía se desplomó y la inflación en nuestro país alcanzó más del 1.000%.

Ahora hablan de nacionalizar el dinero ahorrado para pensiones; quieren que tales fondos ya no pertenezcan a cada persona, sino que pasen a manos del Estado, dirigido y administrado por políticos y sus paniaguados. Al usar este término nos quieren decir que no habrá indemnización alguna, pues los fondos serán de todos y estarán al servicio del país. Es decir, una expropiación sin indemnización. Pero no solo quieren hacerse del dinero para las pensiones, sino de otras actividades productivas en manos de privados, pues la izquierda y/o progresismo entienden que es el Estado, que obviamente ellos administrarán, el principal agente en la economía y de ahí que deban manejar totalmente la producción de agua potable, de energía eléctrica, la construcción de caminos públicos, la educación, salud y otros. Para ellos la actividad privada debe circunscribirse a negocios de subsistencia. Si usted piensa que esto solo es mito, lea o vea las noticias que provienen de Venezuela, Cuba, y ahora de Perú si gana el candidato progresista de Castillo, para quien la empresa del retail Falabella es una empresa ¡monopólica! y debe terminar sus actividades en dicho país.

El gobernador electo de Valparaíso, el señor Mundaca, izquierdista y/o progresista, en una pirotecnia verbal no habla de expropiar ni nacionalizar, sino de reapropiar lo que a su juicio deben ser actividades o bienes que le corresponden al Estado y no a los privados.

Toda esta concepción parte del supuesto de que la actividad económica privada es normalmente dañina para las personas, y que el Estado siempre hará primar el bien común, algo que la historia y la actualidad desmienten categóricamente. En las sociedades donde el Estado es más fuerte se produce la mayor cantidad de abusos y violación a los DD.HH., además de generar pobreza. El progresismo nunca habla de generar riqueza; no se refiere a mejores empleos para las personas ni de la libertad de emprender o de educar a los hijos. Por el contrario, ellos siempre buscan la manera de obtener recursos ya establecidos, que les pertenecen y son el fruto del trabajo de particulares. No nos dicen cómo salir de la pobreza, sino igualarnos en la pobreza.