No solo hechos negativos han sido parte de la pandemia, desde sus inicios en nuestro país el año 2020 hemos visto cómo el Estado ha enfrentado un gran desafío para dar soporte y despliegue de recursos para ir en ayuda de todos los chilenos y chilenas. Bajo esta mirada, el proceso de modernización del Estado se tornó en un eje primordial y tuvo que acelerar su incorporación para dar continuidad al servicio de la comunidad.

En paralelo, y con el objetivo de mejorar la calidad del empleo público y que esto se traduzca en un mejor servicio, la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil generaron una consulta ciudadana con el fin de robustecer la información que se incorporará en el anteproyecto de modernización del empleo público. Una participación muy relevante, donde tanto quienes reciben el servicio como quienes lo otorgan serán parte a través de su opinión.

Los resultados obtenidos de esta consulta son claros. Con una participación de más de 58 mil personas, arrojó que una amplia mayoría, 93% de los funcionarios públicos y 85% de los ciudadanos consultados, cree necesario mejorar la calidad del empleo público para contar con un mejor Estado.

De las 58.385 respuestas, el 58% correspondió a la participación de funcionarios públicos, y el 42% a personas que no desempeñan funciones en la administración del Estado. Adicionalmente, se recibieron 33.664 comentarios y aportes sobre las propuestas vía web, las cuales se sistematizaron y consolidaron y forman parte de un informe disponible en el sitio www.consultahacienda.cl, mismo sitio en que se hizo la consulta ciudadana, que se usará como parte de los insumos para la elaboración de un proyecto de ley.

Además de la consulta, la instancia participativa -cuya ejecución estuvo a cargo de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Desuc) en conjunto con la Consultora Amable Chile- incluyó 10 mesas de trabajo con funcionarios públicos y ciudadanos, y ocho entrevistas con expertos en materia de modernización, entre los que se cuentan exministros de gobierno, investigadores del ámbito público, líderes de opinión y personeros de organismos internacionales.

Una de las iniciativas que generan acuerdo transversal, sobre todo a nivel de funcionarios, tiene que ver con simplificar, unificar y ordenar las modalidades contractuales de los funcionarios públicos. Hoy en el Estado coexisten al menos tres modalidades de empleo distintas: la planta, la contrata y los honorarios. Estas dos últimas son de carácter transitorio y no tienen derecho a indemnización en caso de despido. Por otra parte, un 95% de los participantes apoya la selección por mérito de los funcionarios públicos en base a sus competencias, a través de concursos abiertos, competitivos y transparentes.

Las conclusiones de este proceso participativo nos muestran que una gran mayoría de las personas (95%) considera necesario establecer el mérito y la igualdad de oportunidades como requisito fundamental para el ingreso a la administración pública. Una sentida reforma que ha sido postergada por décadas, y cuya finalidad es poder ofrecer un mejor servicio público, con la oportunidad y calidad que exigen los chilenos y chilenas. Los funcionarios públicos son imprescindibles, son la cara visible de un Estado que debe ser ágil para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía de forma eficiente y eficaz.