Con las manos esposadas, Antonio Castaños Blanco fue trasladado por Gendarmería a las dependencias del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas. Ayer se inició el juicio en su contra por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y tenencia de municiones, delitos por los que podría ser penado hasta con 18 años de cárcel.

Barbero de profesión, el nombre del acusado apareció en otras investigaciones que llevaba a cabo la Brigada Antinarcóticos de la PDI. En agosto de 2019 hicieron la denuncia al Ministerio Público y se instruyó que indagasen los hechos.

Durante tres meses y a través de escuchas telefónicas, la PDI constató al menos tres viajes a Santiago para supuestamente comprar drogas y trasladarlas a Magallanes, donde coordinaba su entrega a distintos consumidores.

Según la acusación fiscal, la sustancia se acopiaba en la barbería y el hogar del investigado. El 17 de noviembre del 2019 las policías concretaron una orden de detención y registro despachada por el tribunal. Encontraron 181 gramos de cocaína, varios de ellos dosificados. Además, en el baño se escondían dos revólveres, una pistola Browing y 184 cartuchos de distinto calibre.

Para demostrar estos hechos, el fiscal Manuel Soto sentará en el estrado a 28 testigos, incluyendo al jefe de la Brigada Antinarcóticos en Punta Arenas, comisario Patricio Flores. También se reproducirán conversaciones del celular intervenido y sets fotográficos con los elementos incautados.

El Ministerio Público solicita una pena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas, cinco años por tenencia ilegal de armas y otros tres años por posesión de municiones.

La defensa –representada por Marco Ibacache– intentará que el delito se recalifique a microtráfico. En su alegato inicial indicó que su representado no era un importante traficante de la región y tampoco se dedicaba a la comercialización de armas.