Este jueves en la mañana el funcionario de Carabineros Melquicedec Henríquez Loyola tuvo que presentarse al Juzgado de Garantía de Punta Arenas. La Fiscalía quiere comunicarle formalmente que es investigado por apremios ilegítimos, una causa cuyos antecedentes se mantienen reservados por el Poder Judicial.

Todo estaba dispuesto. La fiscal Romina Moscoso tenía a mano la carpeta investigativa y estaban presente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como parte querellante. Incluso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quiso ser parte de la audiencia por la naturaleza del delito.

Sin embargo, el funcionario se ausentó. Carabineros estaba a cargo de notificarlo de la audiencia y consultaron el único domicilio que tenía registrado: la Primera Comisaría. Como el imputado no vive en su lugar de trabajo, la institución le informó al tribunal que fue imposible comunicarle de la audiencia.

La fiscal Moscoso solicitó una orden de detención para traerlo compulsivamente a los estrados. “Nos parece que esta situación de constatar por Carabineros que no vive ahí el imputado es una circunstancia que contribuye a que el avance de la investigación puede verse demorada”.

A pesar de la oposición de la defensa, el juez Ricardo Larenas acogió la solicitud del Ministerio Público y despachó una orden de arresto. “Es una situación delicada y compleja. Las instituciones están cada vez más desprestigiadas por este tipo de artilugios. Teniendo en cuenta que una nueva citación será del todo demorada, se da lugar a lo solicitado”.