El Juzgado del Trabajo de Punta Arenas declaró a firme y ejecutoriada la sentencia en contra de la Tesorería por vulneración de derechos en contra de un funcionario de esta repartición.

El dictamen del tribunal exigió a la Tesorería el pago de casi 15 millones de pesos al demandante, identificado como Juan Castillo Ojeda. También deberá entregar una carta de disculpa y recomendación, “por haber lesionado los derechos a la honra y a la no discriminación arbitraria”.

La no renovación de contrato se produjo a fines de 2019, bajo el mandato regional de Jorge Altamirano, actual jefe de división del gabinete del gobernador regional, Jorge Flies.

Uno de los motivos del despido fue el incumplimiento de las metas de cobranzas, pero Castillo pudo demostrar que éstas no se correspondían con la realidad regional en la cual él debía operar.

Consultado en su momento por este hecho, Altamirano explicó que fue una decisión del servicio, de la cual el propio organismo se retractó, “pero el funcionario decidió ir a tribunales”.