Un nuevo cargo por estafa sumó Juan Soto Mancilla, quien habría defraudado a al menos cuatro magallánicos por más de 200 millones de pesos. Ayer lo formalización por estafar a otra víctima en casi 86 millones y se discutió su envío a la cárcel, pero el tribunal le impuso el arraigo nacional.

Los hechos de esta arista se habrían iniciado el 29 de marzo del 2019. El imputado se presentó como un contador y le ofreció un negocio al afectado: financiar el abastecimiento de insumos médicos a los hospitales de Punta Arenas y Puerto Montt. A cambio recibiría el 27% de las utilidades. 

Seducido por la oferta, la víctima le entregó 4,5 millones iniciales. Durante el año entregó más dinero y en febrero del 2020 debía recibir lo invertido, pero jamás le pagaron.

 El imputado le habría respondido con evasivas y respuestas vagas, como supuestas negociaciones con funcionarios médicos. Ambos concurrieron a una notaría para que se acreditase la deuda y fijaron el pago para agosto del 2020, pero nuevamente la víctima fue engañada. 

En la formalización de ayer, el Ministerio Público formalizó a Soto Mancilla precisó que el monto defraudado asciende a 85.983.000 pesos. 

El representante de las víctimas, Ramón Ibáñez, abogó por la prisión preventiva. Argumentó que el imputado está a la espera de un juicio oral por defraudar a otras tres víctimas a través de un mecanismo idéntico.   

“Se hacía pasar por un proveedor de Mercado Público, le hacía negocios a las víctimas en calidad de contador y obtuvo cifras que superan a 200 millones de pesos, estafando incluso a una familia que perdió su hogar”, dijo el abogado Ibáñez.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso el arraigo nacional. “Se trata de un delito de carácter patrimonial. Si bien la medida cautelar puede ser justificada en ocasiones, en este caso no es suficientemente intensa como para considerar que la prisión preventiva es indispensable”, dijo el juez Cristián Armijo. 

Por acuerdo de las partes, el plazo de la investigación se fijó en 90 días.