El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la exdirectora de Obras Municipales de Puerto Natales, Ana Stumpfoll Almonacid, por presuntamente malversar caudales públicos cuando se desempeñaba como inspectora técnica de una licitación pública. Solicitan que restituya “íntegramente” los casi 71 millones que habría desviado del fisco.

Los hechos habrían ocurrido durante la normalización del Hogar de Ancianos Nueva Amanecer. En febrero del 2015, El Gobierno Regional de Magallanes suscribió un convenio con el municipio de Natales para que el proyecto viera luz.

La licitación –cuyo monto de financiamiento ascendía a casi 270 millones de pesos– fue adjudicada por la empresa Ferretería José Cárcamo Díaz. El proyecto se debía ejecutar en 144 días y sería inspeccionado por la exdirectora del DOM, Stumpfoll Almonacid.

Las irregularidades habrían iniciado el 7 de octubre del 2015. La empresa contratista le entregó a la demandada el segundo estado de pago y una factura por casi 65 millones de pesos. Ella habría visado y timbrado los avances de obra, permitiendo que Ferretería José Cárcamo pudiese factorizar el pago.

Esa factura jamás había sido aprobada por la parte mandante del convenio, el GORE. Solo tenía el timbre que estampó la DOM. “La acusada no informó a la unidad técnica, la Municipalidad de Natales ni al Gobierno Regional que firmó la copia cedible de la factura”, dice el CDE.

La demandada habría repetido la estrategia el 16 de diciembre, cuando el pago anterior no estaba concluido. Informó el estado de pago por las obras ejecutadas en el hogar de ancianos desde el 7 de octubre. Esta vez era una factura por casi 102 millones de pesos.

Stumpfoll Almonacid habría entregado nuevamente la copia cedible con el timbre del municipio “aún sabiendo que el proceso de autorización de pago y el anterior no estaban concluidos”. Dos días después habría enviado al GORE los antecedentes necesarios para que la empresa contratista hiciese el cobro.

De acuerdo a la demanda, las dos facturas fueron generadas a partir de hechos idénticos. Ambas fueron cedidas a las empresas de factoring Tanner y Eurocapital para que concretasen el cobro.

El CDE acusa que la exdirectora del DOM “remite los antecedentes para pago, permitiendo que se pagara por los mismos servicios dos veces, sabiendo que ello no correspondía porque sus prestaciones ya estaban cubiertas por la primera factura, pudiendo posteriormente los particulares obtener los fondos provenientes del fisco”.

El monto malversado corresponde a 71.441.224 de pesos. El 5 de enero el CDE interpuso acciones civiles contra la ex funcionaria pública porque tendría “la obligación de indemnizar íntegramente” el perjuicio fiscal. Solicitan que el tribunal la condene al pago del dinero reajustado a la variación del I. P. C.