Divergentes opiniones existen luego de que el pleno de la Convención Constitucional despachara los últimos artículos relativos a derechos sociales, entre los que se encuentra el derecho a la educación.

Se establece que la educación “será de acceso universal en todos sus niveles; y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”.

Entre los párrafos aprobados, se encuentra que el Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito.

Posteriormente, también se aprobó el artículo 20 del informe de Derechos Fundamentales, que consagra la gratuidad en la educación superior, aunque casi de forma específica en instituciones públicas.

“Los estudios de educación superior, conducentes a títulos y grados académicos iniciales, serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley”, señala el artículo.

Por otro lado, se rechazó un artículo sobre salud, que indicaba que podían existir seguros privados voluntarios para complementar o suplementar la cobertura del Sistema Nacional de Salud.

Igualmente, se aprobó que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados.

Tras estos nuevos artículos, el secretario regional de la DC, Juan Francisco Miranda, expresó que “es importante que se garanticen derechos como el acceso a una educación y salud gratuita, para lo cual el país deberá hacerse cargo del financiamiento permanente mediante un sistema de tributación adecuado y justo. Para mí, es importante que el Estado garantice una base en las condiciones de vida de todos su habitantes. Esto no se contrapone que en forma adicional cada persona puede complementar con mayores recursos al igual como ocurre en pensiones a través de ahorro o seguros. No está demás señalar que no hay nada gratis, lo que financia el Estado proviene de los impuestos que pagamos las personas y las empresas. En este sentido, no se debe olvidar el sentido de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos”.

Por su parte, el vicepresidente de Evópoli, Ricardo Hernández, dijo que “no soy partidario de sistemas únicos, comprendiendo que cada individuo tiene necesidades diferentes y requerimientos. En una sociedad democrática, la libertad de la elección de un sistema de salud y educación es fundamental, comprendiendo que los sistemas administrados por el Estado en Chile no son los más eficientes y tampoco garantizan calidad. Creo que es importante que exista variedad de opciones y que cada compatriota elija. Al proponer sistemas universales, sin financiamiento ni aseguramiento que las prestaciones sean de calidad, se generará un colapso del sistema, es decir, nivelar hacia abajo, lo que genera mayor malestar de la ciudadanía”.

Agregó que “con la aprobación de la norma respecto a educación, se abrió la puerta a la politización de las aulas. Cada Gobierno entrante tendrá la opción de impactar en el contenido y forma en la que se entregue la educación. En vez de poner énfasis en calidad de la educación, se constitucionaliza principios y fines de contenido político. Conocemos las falencias de la salud pública de hoy. Al generar un sistema único, las personas que quieran optar por una previsión privada de salud, deberán tener suficiente seguro para pagar por dos seguros al mismo tiempo (privado y público), generando mayores desigualdades de la sociedad, algo que se suponía que esta nueva constitución iba a disminuir”.