Con el pretexto de combatir la delincuencia y reducir el nivel de delitos violentos, el Gobierno ha impulsado la errada idea de que se deben sacar de las manos de los civiles las armas de fuego, nada más errado, lo único claro es que el Gobierno al parecer no tiene idea de quiénes son los que cometen delitos violentos y menos de dónde viene el armamento que utilizan los delincuentes, que claramente corresponde a un tipo de armas de fuego que no son las de los propietarios inscritos, no son las de las personas que adquieren armas de fuego para defensa, deporte, caza o colección. Las armas que utiliza la delincuencia corresponden a armamento de fogueo modificado de modo que pueda disparar proyectiles reales y armas que han sido internadas ilegalmente al país, en especial las del narcoterrorismo en la zona de La Araucanía, en que se utiliza armamento que funciona de modo totalmente automático como fusiles de uso bélico, o las pistolas de funcionamiento también completamente automático que es común detectar en ajustes de cuenta entre narcotraficantes o que se disparan de manera indiscriminada en los llamados funerales narcos; ese tipo de armamento no se adquiere en las armerías, no se autoriza la compra respectiva por las autoridades fiscalizadoras de la Ley Nº 17.798 sobre “Control de Armas y Explosivos”; ese tipo de armamento no es el que se encuentra en poder de los propietarios legítimos de armas. Consecuencialmente atacar a los legítimos propietarios de las armas es un completo error, el Gobierno definitivamente le está disparando al pichón equivocado, ya que de ningún modo va a lograr reducir la violencia, ya que los propietarios inscritos no están ejerciendo ninguna clase de violencia, no cometen delitos; por el contrario, son gente sin antecedentes penales de ninguna especie, que además han debido pasar un examen de salud físico y mental por parte de un médico psiquiatra respecto de su aptitud para adquirir y utilizar armas de fuego, se trata de personas respetuosas de la ley, que cuidan el armamento, que cumplen con las respectivas disposiciones normativas para su utilización, sea en legítima defensa de su persona, familia o bienes; en deporte; en cacería en la forma que establece tanto la Ley de Control de Armas como la Ley de Caza, o en sus colecciones particulares; es decir, las armas de los propietarios legítimos, de los propietarios inscritos no revisten amenaza alguna para la sociedad, de modo que no tiene sentido que el Gobierno ataque a quienes cumplen con la ley, ya que eso solo hará que esas personas queden desarmadas y a merced de quienes no se van a desarmar, que son los delincuentes, que como siempre sucede al ver una debilidad de la sociedad aumentarán el número y la violencia de sus delitos. El Gobierno le está disparando al pichón equivocado, le está disparando a las personas respetuosas de la ley, en vez de perseguir a la delincuencia y de quitar las armas a los delincuentes, de fiscalizar mejor las fronteras para evitar el ingreso ilegal de armas y hacer un verdadero trabajo de inteligencia policial, para detectar el tráfico ilegal de ese armamento ingresado al país de manera ilícita, armamento que ciertamente los delincuentes no van a entregar y van a seguir utilizando sin contrapeso. ¿Qué quieren? ¿Acaso engañar a la gente para que parezca que hacen algo? Lo que se debe hacer no es atacar a las personas respetuosas de la Ley, la actual Ley de Control de Armas ya es una de las más estrictas del mundo, no es comparable como se ha querido con Estados Unidos, en donde no hay una ley de esta naturaleza, y por cierto que es mentira que los países en que están prohibidas las armas son menos violentos; para muestra un botón, en México las armas están prohibidas, pero es uno de los países más violentos del mundo y uno de los lugares con más alta tasa de homicidios por armas de fuego.
Ataquen a la delincuencia y no a las personas respetuosas de la ley, no le sigan disparando al pichón equivocado.