Como si fuese un efecto dominó, nuevamente un exalumno de la Universidad de Magallanes (Umag) al que le negaron iniciar su proceso de titulación por una deuda arancelaria recurrió a la justicia para que se ordene la tramitación y entrega de su título.

Esta vez interpuso una acción Víctor Leuquén Vargas, quien estudió Técnico en Análisis Financiero entre el 2011 y el 2014. Luego defendió su tesis y aprobó con nota 6,7. Era el momento de iniciar la tramitación de su título. Escribió un correo a la Dirección de Admisión, Registro y Titulación, pero la respuesta lo descolocó: “El proceso de titulación es solo para los alumnos que no registran deuda en Tesorería”, le dijeron según el recurso.

De acuerdo a la acción, el exalumno mantiene una deuda de casi 5.800.000 pesos, un monto que debe repactar con la universidad a través de cuotas, previo al pago del 10% de lo debido. Además, le informaron que debe cerca de 78 mil pesos a la biblioteca por el retraso de una entrega.

“Debo seguir el procedimiento de repactación que me impone la misma recurrida, negándome con este acto de manera perentoria el título al que tengo derecho por haber cumplido y concluido con todos los requisitos académicos para obtenerlo”, lamenta el exalumno.

El recurso de protección se interpone en contra del rector Juan Oyarzo Pérez. Solicita que la Corte de Apelaciones ordene la tramitación y entrega del título al recurrente en un plazo máximo de 10 días.

Otro caso

El recurso se presenta casi una semana después que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogiera el recurso de protección de Laura Villarroel Alvarado, una exestudiante de Derecho a la que también condicionaron su titulación por una deuda arancelaria.

En ese caso la exalumna adeuda casi 42 millones de pesos al Fondo Solidario de Crédito Universitario. La Umag la obligó a repactar el monto para que obtuviese su licenciatura en Ciencias Jurídicas, pero la Corte de Apelaciones estimó que la acción era arbitraria e ilegal.

“La recurrente tiene el derecho a completar su proceso de titulación –pese a la existencia de una deuda por concepto de arancel– por cuanto el derecho a la educación considera la etapa de titulación universitaria”, resolvieron los magistrados en esa oportunidad.