El conflicto por nombrar a un fiscal nacional aún sigue en nuestro país. Hasta la mañana del miércoles la carta más probable era Juan Agustín Meléndez -quien se desempeñaba como fiscal regional de Los Ríos, pero asumió en forma interina la jefatura nacional del Ministerio Público-, sin embargo, finalmente el Presidente Gabriel Boric optó por el abogado penalista Ángel Valencia.

El nombre de Juan Agustín Meléndez tiene relevancia en Magallanes, porque tras egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral (1992), trabajó en la Fuerza Aérea de Chile (1995) y fue designado como fiscal de Aviación de Punta Arenas.

Años más tarde pasó a ser fiscal adjunto de Punta Arenas (noviembre 2004) y luego a ser fiscal jefe de la ciudad (enero 2007). Más tarde, en enero de 2010 fue designado como fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena.

Pese su currículo, buenos comentarios de personeros de Gobierno, parlamentarios y funcionarios ligados al área de Justicia, su carrera para llegar a ser fiscal nacional finalmente terminó.

Cabe recordar que Meléndez actualmente se desempeña como fiscal nacional pero de forma subrogante, pero cuando se comenzó a hablar que podría tomar el cargo de forma oficial, el senador Karim Bianchi arremetió contra el exfiscal de Magallanes.

El parlamentario aseguró que “me preocupa que tengamos hoy a ese fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional. Creo que no es la persona. Si exploramos un nuevo Fiscal Nacional, no debiese ser Meléndez”.

Ambos tienen historia, todo comenzó en el año 2015, cuando el fiscal regional de Magallanes solicitó una “audiencia de formalización de cargos por los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco respecto del senador Carlos Bianchi y de su cuñada, Victoria Retamales”. En el caso del legislador, enfrentaba cargos por fraude al Fisco y negociación incompatible, por lo que el Ministerio Público pedía una pena de cuatro años y un día de presidio por el delito de negociación incompatible y otros cinco por el de fraude al Fisco, además de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Lo que se acusó al senador Bianchi, en razón de su cargo, la suscripción un contrato de arrendamiento de un inmueble en Punta Arenas, por un monto de $850.000 mensuales, reajustable según IPC, para utilizarlo como sede parlamentaria, figurando como arrendadora su suegra. Aquello era considerado incompatible.

La investigación finalmente terminó con el parlamentario absuelto en diciembre de 2015 por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas.