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Seremi escribió tesis contra la adopción homoparental que le puede costar el cargo

nacional
01/09/2023 a las 11:10
Pinguino Web 1
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Claudia Soto argumentó en 2014 que esta política “incrementaría el tráfico ilegal de niños”.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío, Claudia Soto Candia (Izquierda Libertaria), escribió hace menos de 10 años una tesis universitaria en la que atacó con fuerza, apoyada en dudosos argumentos, la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales.

El escrito se tituló “Vulneración del interés superior del niño en la adopción homoparental”, tuvo a Hernán Jiménez Suárez como profesor guía y permitió a Soto y a su compañera María Ignacia Chavarría Flores optar, en 2014, al título de licenciadas en derecho por la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Párrafos escogidos del texto incluyen afirmaciones como las siguientes:

“Para los niños y adolescentes, una pareja y una familia son un hombre y una mujer. El resto es un engaño social y un asunto de conveniencia ajeno al matrimonio y al parentesco”.

“La homosexualidad no puede convertirse en un principio educativo, ya que está al margen de la norma de lo que constituye una pareja y su familia”.

“La adopción de menores por parte de parejas homosexuales o parte de un individuo homosexual (gay o lesbiana) en solitario no es la mejor opción para el sano crecimiento y desarrollo del menor”.

“El tema responde al deseo de algunos homosexuales en ser consolados respecto a la imposibilidad biológica de ser padres entre sí, y no satisface ninguna necesidad de la infancia abandonada”.

“Aceptar la adopción homoparental podría incluso significar una especie de discriminación inversa contra las parejas heterosexuales que buscan adoptar niños”.

“El niño calca las conductas de sus padres, las copia, las reproduce. Si los dos son del mismo sexo, eso va a dejar una impronta en su personalidad muy fuerte”.

“Se le privaría deliberadamente al niño del enriquecedor aporte la diversidad femenino-masculino de la pareja heterosexual”.

“Se incrementaría el tráfico ilegal de niños por aumento de la ‘demanda’ de las nuevas parejas homosexuales deseosas de adoptar”.

“El niño adoptado por una pareja homosexual entrará posiblemente en conflicto con otros niños, teniendo que luchar con su entorno, pudiendo verse envuelto en tensiones psicológicas, frustraciones, agresividad, cierta discriminación. Todo lo que puede provocar un severo trastorno de la personalidad”.

“Las personas de condición homosexual merecen todo el respeto y tienen los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano. Cualquier tipo de discriminación o de trato negativo, no debe darse. Pero su unión no es matrimonio, jugar con las palabras es pervertir las realidades”.

“La posible adopción de niños puede llevar a jugar con la vida de ellos y convertirlos en conejillos de indias, privándoles de los conceptos fundamentales de la familia”.

“Tesis infame”

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual consideró esta situación como de la “máxima gravedad”, pues “la hoy Seremi de Justicia, cuando ya era una estudiante adulta, decidió recurrir a argumentos abiertamente homofóbicos para optar a su título”, criticó la vocera Javiera Zúñiga.

“Esto lo hizo en 2014, cuando Chile ya tenía Ley Antidiscriminatoria, estaba a pasos de promulgar la Unión Civil e incluso el Sename había abierto la puerta a la crianza por parte de parejas del mismo sexo. (También) la ley permitía la adopción a personas LGBTIQ+ solteras, algo contra lo cual su tesis también se pronuncia... Además de homofóbica, la entonces estudiante hizo oídos sordos a las transformaciones culturales y legales que experimentaba nuestro país”, enfatizó Zúñiga, que abogó por la salida de la autoridad.

“Un Gobierno que dice apoyar los derechos LGBTIQ+ no puede ser indiferente a esta grave situación, que -imaginamos- no la sabía. Ahora que lo sabe, corresponde que Candia Soto sea desvinculada o que ella dé un paso al costado y renuncie. Ella es seremi en su calidad de abogada y licenciada en derecho, un título que obtuvo gracias a la homofobia”, sentenció la activista.

El Movilh dijo haberle “enviado una carta a ministro de Justicia, Luis Cordero, para que adopte medidas inmediatas” respecto a la situación.

Ramón Gómez, encargado de la Unidad de Derechos Humanos del Movilh, dijo que el trabajo universitario de Candia “es una tesis infame; un pensamiento que se viste de académico”, pero que no satisface ningún tipo de estándar.

“Ella debiese renunciar o entregar el título, (...) esta situación no se salva con que ella solicite disculpas”, enfatizó Gómez.

En la misma línea se pronunció Rolando Jiménez, líder histórico del Movilh, quien a través de Twitter emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric.

“Yo no pienso lo que dice la tesis. Nunca lo he pensado, nunca he estado a favor de limitar las libertades de las demás personas, todo lo contrario”, dice ahora, nueve años después, la cuestionada autoridad de Gobierno.

“Siempre he sido a favor de la adopción homoperental y de que los niños y niñas crezcan en familias sanas, independiente de si es unipersonal o los distintos tipos de familia, digámoslo así”, se defendió.

“Ésta es la memoria que hicimos con una compañera cuando éramos alumnas de pregrado en la Católica. Nosotras le pedimos al profe (Jiménez) que nos propusiera temas y nos propuso varios temas: nosotras escogimos éste porque pensamos que podríamos darle una perspectiva diferente, o quizás dar ambas perspectivas”, planteó.

“También lo pensamos así (consignando diferentes opiniones), entendiendo siempre que estábamos en una universidad católica y que, quizás, no sería bien vista una tesis, una memoria muy abierta”, explicó.

Cordero

A la controversia se refirió, desde Santiago, el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien no dio señales de una posible remoción de la autoridad penquista, quien ejerce su rol desde abril de 2022.

“La seremi de Justicia ha hecho una declaración hoy día y ha explicado lo que está en el contenido de su tesis de pregrado. Lo que a nosotros nos corresponde, como Gobierno, es evaluar su desempeño en el cargo que ella tiene, (...) su desempeño como autoridad pública”, dijo escuetamente.

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