A la Contraloría de Magallanes llegó una denuncia de una persona que se encuentra judicializada en el Tribunal de Familia, asegurando que el coordinador regional del programa “Línea de Representación Jurídica Especializada de Niñas, Niños, Adolescentes, la Niñez y la Adolescencia se defienden”, dependiente de la Corporación Judicial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, estaría incurriendo en una eventual falta a la probidad o habría conflicto de intereses, al tramitar casos particulares que se encuentran con una medida cautelar de menores vigente, los cuales debe representar en el desempeño de sus funciones en el cargo público que ocupa.
Desde el punto de vista del denunciante, por ética no debería ocurrir.
En el mismo orden de consideraciones indica que el denunciado Gonzalo Rojas Castillo, efectuaría presentaciones de escritos por sus causas particulares en el horario de cumplimiento de su jornada laboral.
Quien denuncia, hace referencia a una causa específica, la cual fue revisada en detalle.
Análisis y conclusión
Ante lo expuesto, Contraloría solicitó los antecedentes e inició su investigación el 19 de diciembre de 2023. El 4 de enero de 2024 les informan que el curador ad litem de la causa es H.S.A. y que posteriormente pasaría a manos de otra persona, subordinada de Gonzalo Rojas Castillo. Pese a esto, la entidad fiscalizadora constató que el denunciado fue abogado particular de la contraparte en la causa referida, desde el 2 de marzo de 2021.
Contraloría concluye lo siguiente: “Sobre eventual incompatibilidad horaria, se advierte que don Gonzalo Rojas Castillo, presentó escritos en representación de causas particulares, en horarios en los cuales se encontraba cumpliendo con su jornada laboral”, lo cual va en contra de la “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en la que se establece que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”. Debido a esto, el ente fiscalizador ordenó un sumario administrativo.
Respecto del eventual conflicto de intereses por representación de causas particulares, la Contraloría hace presente los hechos expuestos, “podrían configurar un potencial conflicto de independencia o interés, toda vez que el curador ad litem de la causa (…), sería un funcionario del programa en el que don Gonzalo Rojas Castillo, abogado representante de la parte demandante en la causa en cuestión, sería su superior jerárquico”. Agregan que le corresponde a la Corporación de Asistencia Judicial informar al Tribunal de Familia de Punta Arenas.