En los últimos días la figura del llamado “Juez Urrutia” ha cobrado una importancia gigante dado los antecedentes vertidos en los medios de comunicación, más aún, los cuestionamientos producto de sus decisiones, juicios, veredictos y otras tantas aristas parecen mantener latente el foco en su persona. Tal vez, la gota que rebalsó el vaso tiene estrecha relación con la autorización para que cuatro reos ligados al Tren de Aragua puedan realizar videollamadas desde la Cárcel de Alta Seguridad. Pero ¿Quién es realmente este juez? ¿Qué historia y precedentes tenemos en su ejercicio profesional? ¿Cómo repercuten los hechos del juez en cuestión hacia la confianza de la población? Estas y otras interrogantes surgen a través de la siguiente premisa; ¿Quién es el denominado “Juez Urrutia”?

En primer lugar, el juez Daniel Urrutia nació en 1974 en la ciudad de Santiago, hijo de Gladys Labreaux, profesora del área normalista. En 1992 egresó del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, para luego ingresar a sus estudios de derecho en la Universidad de Chile. Por otro lado, uno de los medios “nuevos” en nuestro país llamado Ex Ante reseña sobre Daniel Urrutia que “su llegada al Poder Judicial se dio el 31 de marzo del 2000. Su carrera cuenta con un paso por el Juzgado de Garantía de Freirina (2001), Ovalle (2003), Coquimbo (2004), para culminar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en 2006”. A su vez, existen ciertos cuestionamientos producto de su trabajo y persona: (1) quitar la prisión preventiva para trece imputados por delitos cometidos tras el estallido social, (2) polémicas por el “famosillo” lenguaje inclusivo (recordemos que fue la redacción de una resolución donde acogió un recurso de amparo presentado por las convencionales María Rivera y Manuela Royo la que llamó la atención), (3) Caso Pío Nono donde el juez Urrutia se inhabilita tras cuestionamientos por llamar a refundar Carabineros y, lo más reciente en estos días encuentra lugar en (4) permitir videollamadas de dos reclusos ligados al Tren de Aragua con personas no autorizadas por la administración penitenciaria.

En segundo lugar, cabe afirmar que el último punto tiene profunda gravedad ya que, la medida indicada (aplicada) en una cárcel donde se encuentran criminales peligrosos vinculados al crimen organizado, resulta bastante inverosímil a la seguridad de la población chilena, rigurosidad carcelaria y penalización excluyente de “beneficios”. Recordemos que Gendarmería dijo: “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”. Lo irónico es que el juez en tiempo pasado llamó a refundar carabineros, por tanto, su actitud suena como una especie de “insurrección” velada a partir de su trabajo, en otras palabras, un revolucionario que tensiona los desafíos del país en materia de seguridad, claro, donde sus órdenes y “juicios” parecen no tener coherencia con lo que se espera de una figura propia del Poder Judicial. Un dato no menor (y curioso) es que el juez Urrutia es una persona que se ha centrado en los derechos humanos (labor). Entonces, a partir de todo lo anterior surgen algunas preguntas. ¿Cuál es la ética del ejercicio público? ¿Cuál es la aprensión jurídica, profesional u otra a Urrutia tras lo sucedido? ¿Existe control en estas materias? ¿Cuántas aprensiones más son necesarias para que Urrutia sea reemplazado? ¿Afecta todo aquello a la confianza país? Tal vez, estamos en presencia de un agente público con decisiones “extrañas”, perjudiciales y conducentes a la inestabilidad en la seguridad de nuestro país.