Por segunda semana consecutiva la Encuesta Signos/El Mostrador midió el tema de corrupción y seguridad en relación a las principales instituciones vinculadas a esas temáticas. Los resultados son prácticamente idénticos a la semana anterior dando como promedio una nota 5, prácticamente una reprobación, en una escala donde 1 es Nada Corrupto y 7 Muy Corrupto. Preguntados los encuestados sobre las mismas cuatro instituciones de la semana pasada: Carabineros, Investigaciones, Tribunales de Justicia y Ministerio, Carabineros recibe una nota promedio de 4,4 (anterior 4,4); la Policía de Investigaciones recibe nota promedio 5 (anterior4,9); el Ministerio Público o Fiscalía recibe una nota promedio de 5,3 (anterior 5,2); y los Tribunales y Jueces una nota promedio de 5,6 (anterior 5,7).

En ese mismo aspecto, si bien no está en el extremo de la mala calificación, la opinión de los encuestados sobre la PDI es extremadamente negativa. Preguntados si creen que la renuncia del director de la PDI, (hoy formalizado y en prisión preventiva) ayuda a solucionar el problema de probidad en esa institución el 81,2% responde que no, solo un 15,3% que sí y un 3,5% dice no saber. Ello implica que el nuevo director general, recientemente designado, tiene un espacio muy estrecho de credibilidad en su actuar, y que resulta inevitable que muestre una gestión asertiva y convincente en materia de asuntos internos.

Produce perplejidad que el sistema de seguridad, o lo que existe de él, no perciba el círculo vicioso entre acción policial, fiscalías encargadas de dirigir la investigación penal y las retorsiones de esos procesos que se producen en los tribunales. Lejos de ser un círculo virtuoso de resultados eficientes y sincronizados, es un enjambre de irracionalidad, al que convergen de tanto en tanto las decisiones de una conducción política notoriamente desorientada.

Políticas sociales al alza

La Encuesta Signos/El Mostrador ha estado preguntando sistemáticamente cuál de los siguientes de los siguientes temas: seguridad, programas de crecimiento económico, o políticas sociales, creen los encuestados debe ser el prioritario de un futuro gobierno. En las respuestas desde noviembre del año pasado resulta notoria la preeminencia de la Seguridad como el tema de mayor trascendencia, siempre con promedios alrededor o sobre el 40%, seguido luego de las políticas sociales. Pero a medida que la presión inflacionaria y de crisis económica se hace sentir, ha ido aumentando la preocupación por las políticas sociales, 36,7% en esta encuesta (educación, salud y previsión social) hasta ubicarse prácticamente en los márgenes de error de la encuesta frente a la seguridad, 39,4% en esta encuesta. No parece demasiado novedoso, pero indica que los enfoques de crecimiento y empleo del gobierno no cala en la población.

En materia de políticas sociales, si bien la información y conocimiento del tema Ley Corta de Isapres trae puntos porcentuales equilibrados en relación a los porcentajes de personas involucradas directamente en su aprobación, es determinante de legitimidad el número de ciudadanos que respalda la sentencia de la Corte Suprema que obliga a las Isapres a devolver los cobros excesivos a sus usuarios: un 72,6% , y el 62,4% que dice no estar dispuesto a pagar más por su plan de salud en caso que se eliminen las pre existencias.

(El Mostrador)