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Columna

Brutalidades del sistema

opinion
09/06/2024 a las 14:33
Pablo Oyarzo
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Adolfo Canales, Presidente regional del Colegio de Contadores

La pandemia sigue siendo una historia apocalíptica de Hollywood hecha realidad. A cuatro años de su inicio hoy lo vemos como anécdota, pero fue un periodo oscuro para la humanidad. En nuestro país fallecieron miles de chilenos(as) por el ataque directo del virus o sus secuelas. La muerte golpeaba nuestra puerta, pero había tanta confusión y sorpresa, que muchos no magnificaron la gravedad de la situación.

Se detuvo toda actividad comercial. En su momento, los buques cisterna esperaban frente a los puertos del mundo sin tener donde dejar el petróleo, porque no se demandaba combustible. Todos en cuarentena.

Los países reaccionaban de acuerdo a su presupuesto o capacidad de endeudamiento para salvar la situación. Por un lado, tener recursos para abastecerse de vacunas para la población. La demora a nivel mundial fue de 1 año y 5 meses en ser aprobadas por la FDA, desde que el Covid se declaró como pandemia.

Dentro de este escenario, se encargó en agosto de 2020 al SII la entrega de un bono de clase media de $500.000 por ciudadano que cumpliera ciertos requisitos. Por un error de excesiva confianza, 478.000 confusos ciudadanos, de un total de 1.600.000, a quienes no les correspondía el bono, erróneamente lo solicitaron y fueron otorgados. Interacción directa entre el contribuyente sin intermediación de contadores. Eso significo “perder” 256 millones de dólares, equivalente a 197 mil millones de pesos. El ex director del SII, Fernando Barraza, entregó recursos indebida y equivalente a 2.500 casas. Pero su negligencia no tuvo sanción, escudándose en que la normativa se basaba en la confianza. Por mucha confianza que un carabinero tenga en la gente, si ve saltando el cerco de una casa a un encapuchado, mínimo lo detiene para que explique por qué esa actitud.

Este mes, un pensionado me informaba que esa deuda se había incrementado en $136.000 por IPC (inflación), y $553.320 de intereses y multas, dando un total a pagar de $ 1.189.320. Situación que para un pensionado es impagable al contado, y en cuotas no deja de ser monto importante considerando lo bajo de las pensiones.

El Estado benefactor entregó recursos sin filtro, apelando a que todas las personas, en una época de pandemia, sin ninguna preparación financiera ni tributaria, va a entender instrucciones. El responsable se lava las manos porque la normativa apela a la confianza, siendo que un organismo fiscalizador debe prever cualquier posible situación anómala. Y castiga al ciudadano con multas e intereses, como si ya no fuese suficiente castigo el IPC que llegó a un nivel histórico.

Estimado lector, no todo lo que brilla es oro, el Estado es un ente intocable, y en donde en algunas cúpulas gubernamentales encontramos burócratas de turno, que no tienen mayor interés que simplemente hacer su pega apegándose a leyes incompletas o mal hechas, sin importarle las consecuencias para el ciudadano. Ellos están de paso, y nosotros cargamos sus errores de por vida.

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