A un paso de convertirse en ley, quedó hoy una relevante iniciativa legal vinculada con seguridad y orden público, la cual Introduce modificaciones sustanciales al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente.

La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, destacó la unánime aprobación de dicho proyecto de ley, por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, al tratarse de “una norma indispensable para poder avanzar en nuestra agenda de seguridad”. Esto, ya que apunta a aumentar las penas de aquellas personas que reinciden en la comisión de delitos, junto con mejorar y agilizar la investigación y persecución del crimen organizado.

De acuerdo a lo referido por el Ministro de Justicia, Luis Cordero, coincidió que se trata de “la reforma al Código Procesal Penal más importante desde que se implementó en el año 2000, al introducir modificaciones fundamentales, de manera de adecuar las reglas a las necesidades actuales del país para una mayor eficacia de la persecución penal”.

Entre las modificaciones relevantes del proyecto, incluye para una persecución penal más eficiente, la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado. En otro aspecto sustantivo, “introduce en el Código Penal una regla general que agrava significativamente las penas a las personas que reinciden en la comisión de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o aumentando la pena en un grado, según sea la primera o segunda reincidencia”.

Entre otras mejoras, incluye cambios en la Ley 20.000, añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados. Asimismo, regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio Público.

Además de medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada, también incorpora un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales.