Todos recordamos la fotografía de un diario de circulación nacional con cerca de 10 buses transportado electores a la comuna de Rio Verde. Lo cierto es que el “acarreo” es un fenómeno ya permanente en las comunas rurales. Comúnmente entendemos por acarreo a trasladar o facilitar la concurrencia a las urnas de votación a personas desde puntos lejanos (generalmente desde otras comunas). Hasta aquí no hay delito, a no ser que el acarreo organizado pretenda incidir en el comportamiento electoral de las personas.

Desde el punto de vista de las personas que habitan el territorio hay una constante queja con los “acarreos” ya que provocan que electores sin residencia permanente en la comuna finalmente deciden quien conducirá el gobierno municipal, ya sea de alcalde(sa) o concejal(a). De esta forma, en muchas comunas rurales el padrón electoral presenta diferencias notables con el número de residentes, duplicando o triplicando su valor, provocando que sean electos aquellos candidatos(as) que tienen mayor capacidad de movilización. Es otras palabras podrían quedar electos aquellas candidaturas que tengan mayor capacidad financiera para acarrear.

En Magallanes la participación electoral rural en la presidencial, parlamentaria y CORES de 2021 apenas alcanzó al 35%, Sin embargo, la participación es mayor en las elecciones municipales, demostrado claramente un mayor interés, siendo muy probable que la población “acarreada” tenga una mayor influencia. Por tanto, cabe preguntar ¿las personas acarreadas son parte de alguna práctica de clientelismo político? Es decir, ¿hay favores políticos a cambio del voto? ¿de alguna forma las candidaturas o los financistas están comprando votos? Si llegara a ser así claramente estaríamos en presencia de un delito. La compra deliberada del voto es un delito conocido como Cohecho, donde se vulnera la libertad del individuo para ejercer el derecho a sufragio.

El aumento de los padrones electorales en las comunas rurales, con un delta cercano al 40%, nuevamente nos recuerda que tenemos tareas pendientes para evitar la vulneración de la voluntad de los residentes permanentes. La definición del domicilio electoral no asegura residencia, de acuerdo al Servicio Electoral. El domicilio electoral, legalmente, es aquel registrado por un elector o electora, aunque no coincida con su lugar de residencia. De esta forma sólo se exige que el elector tengo un vínculo objetivo, ya sea por ser reside habitual o temporal, por ejercer su profesión u oficio o desarrollar sus estudios en el domicilio declarado. Dicha definición es tan amplia que lamentablemente permite que muchas personas encuentren una forma de acreditar un domicilio electoral alterando la realidad, haciendo muy difícil la tarea de demostrar datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos. Seguramente si el domicilio electoral lo vinculáramos a la posibilidad de postular y acceder a beneficios sociales, podríamos desincentivar la mala práctica de inscribirse en comunas donde no habitan.

Sin duda hay candidaturas, partidos u organizaciones que tiene mayor capacidad financiera, permitiéndoles disponer de medios para facilitar el acarreo. Algo reprochable éticamente pero no ilegal. El acarreo de origen es ilegal, aquel que hace que personas cambien su domicilio electoral sin tener vinculo demostrable con el territorio, o aquel que a cambio de favores o regalos busca alterar la voluntad electoral. Ese tipo de conducta que distorsiona gravemente la voluntad ciudadana debe ser investigada y sancionada en forma enérgica y severa. Lo que está en juego no solamente tiene relación con alterar el resultado sobre qué candidatura quedará electa, sino además está la capacidad de influir en las decisiones sobre los proyectos de desarrollo social, ambiental y económico de las comunas rurales, desde el sillón edilicio o desde el cuerpo colegiado. Cuando gran parte de la seguridad agroalimentaria o la industria energética se desarrolla en las comunas rurales, el acarreo en estos territorios debe prender una luz de alerta ante la posibilidad de que el dinero o el poder pretendan inmiscuirse en las decisiones de desarrollo en espacios democráticos de decisión.