Diversos actores han salido a gestionar y tensionar los diálogos, poderes, instituciones y medios con la finalidad de acelerar la tramitación y aprobación de los proyectos de hidrógeno verde. Los argumentos esgrimidos son varios: una oportunidad con tiempos definidos, apalancar inversión, desarrollo sustentable de la industria nacional, reconversión de la matriz energética y contribuir a mitigar los gases de efecto invernadero. Lo cierto es que muchas de esas ideas son compartidas por gran parte del mundo social, político y empresarial; sin embargo, cuando se pone en contexto la posibilidad de relativizar las evaluaciones ambientales o hacerlas menos exigentes (dentro de la normativa vigente) somos muchos los que manifestamos nuestra oposición.

El presidente Boric ha manifestado públicamente que el “avance del hidrógeno verde es una política de Estado”, por ello se tramita con urgencia la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, como una forma de relevar lo técnico y reducir los plazos de tramitación de los proyectos. En este aspecto, mientras lo central sea la evaluación técnica de los proyectos y el fortalecimiento de la participación ciudadana, con los tiempos apropiados para ello, eliminar instancias de evaluación política, más propias de la transición y adecuamiento de la legislación ambiental, luego de 30 años, parece una reforma apropiada, que no afecta la evaluación y no perjudica el objetivo de proteger el medio ambiente. Esta opción es mucho más sensata que la posibilidad, aunque contemplada en la ley, de dar tramitación con “calificación de urgencia” a los proyectos. Se debe buscar la reducción de plazos, pero sin dañar la calidad de la evaluación, manteniendo altos estándares de protección. En todo caso las causas de los tiempos excesivos de tramitación se encuentran principalmente en la suspensión de plazos (por problemas en la calidad de los estudios) y en la judicialización de los proyectos.

Apalancar inversión, dar alternativas de desarrollo a los territorios y generar nuevos empleos son parte del deber de todo gobernante. Magallanes tiene ventajas comparativas para los proyectos de hidrógeno verde por la calidad de sus vientos. De igual forma, nuestra región es reconocida mundialmente como una reserva de patrimonio natural y cultural, por su paisaje, historia, pueblos originarios y ambiente prístino. Conjugar lo anterior en un proyecto de desarrollo sustentable es el mayor de nuestros desafíos. Magallanes requiere diversificar su matriz productiva, generar empleos bien remunerados y tener un plan de desarrollo que asegure bienestar y estabilidad, pero para ello se requiere una mirada integral del territorio y sus potencialidades. Los proyectos de hidrógeno verde en Magallanes se despliegan sin ningún marco regulatorio establecido y se improvisa en forma inorgánica en la medida que se avanza. Sin una adecuada planificación territorial la posibilidad de convertirnos en áreas saturadas es altamente probable, con los consecuentes problemas ambientales. Preocupa de sobremanera que autoridades avalen y fomenten este tipo de instalación.

Reconvertir nuestra matriz energética, basada en gas y petróleo, y contribuir a la disminución de los gases de efectos invernadero, es una política aprobada del Estado de Chile y un desafío permanente para los países del orbe. Evitar las temperaturas críticas del actual cambio climático global requiere esfuerzos decididos y urgentes, para evitar daños irreversibles en el planeta. Ante una batalla que parece perdida los proyectos de hidrógeno verde se han levantado como una alternativa a la descarbonización en todo el mundo. En este sentido, los proyectos de hidrógeno verde serán una contribución en Magallanes en la medida que puedan participar en entregar de forma obligatoria energía renovable a la matriz energética de la región.

En este contexto, dar luz verde y acelerar los proyectos de hidrógeno en Magallanes parece ser una idea poco viable y apropiada. Hay mucho aún por dilucidar y planificar. El desarrollo de la industria del hidrógeno requiere con urgencia planificación territorial y lineamientos que la regulen para encontrar un adecuado desempeño ambiental. Sin estándares mínimos de ordenamiento del territorio no es descabellado pensar que de concretarse gran parte de los proyectos en las condiciones actuales corremos serio riesgo de saturación.