El caso de la tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile continúa en investigación, pese a que ha transcurrido bastante tiempo y aún no exista claridad sobre el futuro procesal de los imputados. 

Esto ha generado distintas situaciones, no solo en las familias de las víctimas fatales, sino que también en las personas que enfrentan a la justicia.

Ante esto, conversamos con Carola Fernández, quien representa a algunos de los imputados, para conocer más sobre el punto de vista de ellos, como parte acusada. 

- Durante todo este tiempo sus representados han tenido que estar con medidas cautelares, que si bien es cierto no son la más gravosa (prisión preventiva), igual preocupa por lo prolongado del tiempo.

“Sí bien, y como lo ha señalado en Ministerio Público en reiteradas oportunidades, las medidas cautelares a las cuales están sujetos mis representados son de muy baja intensidad, evidentemente por el tiempo transcurrido desde que fueron formalizados esto ha tenido un impacto negativo en ellos, especialmente en lo que se refiere al ámbito profesional. Ejemplo de esto han sido las reiteradas solicitudes que se han tenido que generar para autorizar la salida de uno de nuestros representados al extranjero en comisión de servicio, designado en mérito a su capacidad profesional y técnica, y que dicen relación con materias atingentes a su especialidad. Por otro lado, se han visto impedidos de participar en capacitaciones profesionales en el extranjero, yendo todo eso en directo desmedro de su proyección laboral”.

- Pese a la gravedad de lo ocurrido, ha transcurrido mucho tiempo sin que se pueda establecer una causa, ¿qué les parece a ustedes que el tiempo siga pasando y no se cierre la investigación?

“Lamentable, ya que todos quisiéramos poder saber las causas de este trágico accidente. También nos parece que es esperable, debido a que se recuperaron muy pocos restos de la aeronave, menos del 1%. A la vez, es importante precisar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y por ello es fundamental respetar el debido proceso y garantizar una investigación exhaustiva y objetiva. Respecto del cierre de la investigación, creemos que la Fiscalía debe agotar todos los esfuerzos dentro del plazo legal. Lo que no nos parece bien es que ahora, próximos al término de este plazo, se produzcan formalizaciones que resultan injustas para los imputados, dado que no existen antecedentes que los vinculen con una eventual responsabilidad en el accidente, de lo cual dan cuenta, de manera más evidente, los distintos peritajes; de hecho, el último peritaje del Ministerio Público, lejos de reforzar la hipótesis inicial del Ministerio Público, plantea otras tres hipótesis, todas sin fundamento”.

Agrega que en ese contexto, “he observado diversas situaciones en la investigación que ponen en duda la objetividad del Ministerio Público. Sin embargo, confío en que un tribunal imparcial, al conocer y valorar la totalidad de la evidencia de manera objetiva e imparcial, llegará a la conclusión que, lamentablemente, no se ha podido establecer la causa y, por tanto, no se podrán establecer responsabilidades”.

- ¿Les han comunicado el avance que presentan las diligencias? ¿Y cuáles han sido las pericias que han realizado?

“A cinco años del accidente del Hércules C-130, en el Mar de Drake, la investigación sigue sin respuesta definitiva

La investigación continúa sin poder determinar la causa del siniestro. En octubre de este año, la Fiscalía Regional incorporó un nuevo peritaje que propone cuatro causas probables, lo que motivó la solicitud de reformalización contra dos imputados y la formalización de dos oficiales de la Fuerza Aérea. Por otro lado, los abogados Maximiliano Delgado y Cristian Arias, que representan a 29 víctimas y que han presentado millonarias demandas civiles en contra del Estado, presentaron el 5 de noviembre recién pasado una ampliación de la querella”.

Durante estos años, diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, han examinado exhaustivamente el historial de la aeronave y los escasos restos recuperados, que representan menos del 1% del total del avión. Sin embargo, ninguno de los múltiples informes periciales ha logrado establecer la causa del accidente.

En octubre 2023, los querellantes Arias y Delgado presentaron un informe particular encargado al Perito Osvaldo Fajardo, que sugiere cuatro posibles causas del colapso de la aeronave. No obstante, expertos en aeronaves, al revisar el documento, lo consideraron infundado. Estos especialistas concluyeron que el peritaje carecía de rigor científico y estaba basado en suposiciones sin evidencia. Además, los restos recuperados del accidente descartaron la posibilidad de una explosión, calor extremo o fuego, sugiriendo en cambio que la aeronave se estrelló contra la superficie del mar sin desintegrarse en el aire.

A pesar de que la defensa remitió este informe crítico a la Fiscalía Regional de Magallanes, no ha habido respuesta oficial, y las premisas del informe de Fajardo siguen siendo consideradas en la investigación. En marzo de 2024, la Fiscalía contrató al perito Luis Alfonso Gómez García, quien elaboró otro informe de mantenimiento. Sin embargo, se ha observado que este nuevo informe repite las deficiencias encontradas en el trabajo de Fajardo, con conclusiones carentes de fundamento científico.

A lo largo de la investigación se han realizado múltiples peritajes, incluyendo el del perito Alfonso Lefno, Dictuc, PDI, USAF, Armada de Chile y el Cenipa de Brasil, entre otros. Ninguno ha determinado una causa del accidente, lo cual evidencia la complejidad y la falta de claridad en el caso.

En cuanto a la adquisición de la aeronave, la profesional señaló que las críticas emitidas han sido consideradas infundadas. La compra se realizó siguiendo los procedimientos del gobierno de Estados Unidos, con una inspección exhaustiva y desarme casi total supervisado por ingenieros estadounidenses. Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile aceptó la aeronave tras una revisión técnica.

“La acumulación de hipótesis propuestas tanto por los querellantes como por el Ministerio Público no ha hecho más que incrementar la incertidumbre sobre lo ocurrido, demostrando la dificultad de establecer la causa exacta del siniestro y generando una creciente frustración entre los familiares y los equipos de investigación”, enfatizó Carola Fernández.