En Chile, la Ley 21.730, conocida como la “Ley TEA”, promulgada en 2022, representa un paso importante hacia la inclusión y protección de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta ley establece medidas para garantizar el acceso a la educación, la salud, la integración social y la protección de los derechos de quienes padecen esta condición. Sin embargo, aunque el marco legal sea una gran conquista, las dificultades persisten y la realidad de las personas con TEA sigue siendo compleja y desafiante.

En primer lugar, la implementación efectiva de la ley sigue siendo desigual. En muchas regiones del país, como en la nuestra, las políticas públicas aún no se han adaptado plenamente a las necesidades de las personas con TEA. A pesar de la normativa, los servicios de salud especializados, como la atención temprana o el acceso a terapias, siguen siendo insuficientes o están concentrados en áreas urbanas, lo que deja a muchas familias, especialmente en zonas rurales, sin el apoyo necesario.

Asimismo, la Ley TEA no ha logrado garantizar que los entornos educativos estén completamente preparados para recibir a niños con TEA. Si bien existen recursos para la inclusión, como la capacitación docente y la adecuación de currículos, la realidad es que muchos educadores no cuentan con la preparación suficiente para abordar las particularidades de este trastorno. Esto se traduce en prácticas pedagógicas que, lejos de promover la integración, pueden aumentar la segregación, y los niños con TEA terminan siendo marginados dentro del sistema educativo. Las escuelas a menudo, carecen de los recursos humanos y materiales necesarios para dar una respuesta adecuada.

Otro aspecto relevante es la falta de conciencia social y la estigmatización que enfrentan las personas con TEA y sus familias. Aunque la ley busca promover una mayor inclusión social, la discriminación y la incomprensión hacia las personas con autismo continúan siendo comunes en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Los prejuicios y la falta de sensibilización en la sociedad dificultan la integración plena de estas personas en actividades recreativas, laborales o sociales, lo que refuerza la exclusión y la marginación.

El acceso a servicios de salud especializados es otro de los grandes desafíos. A pesar de que la ley busca asegurar la atención de salud integral, la realidad es que la cobertura de las prestaciones médicas para personas con TEA aún es limitada. Muchas veces, las familias se ven obligadas a recurrir al sector privado para obtener diagnósticos o tratamientos adecuados, lo que implica un alto costo económico que no todas las familias pueden afrontar. La escasez de profesionales capacitados en el sector público es otra de las dificultades que enfrentan.

La Ley TEA en Chile es un avance fundamental, pero no es suficiente por sí sola. Para que las personas con TEA puedan realmente beneficiarse de ella, se necesita un compromiso real de todos los sectores de la sociedad: un sistema de salud eficiente, un sistema educativo inclusivo, una cultura más empática y un marco legal que se siga actualizando según las necesidades de esta población. El desafío es grande, pero la posibilidad de lograr una verdadera inclusión es aún mayor.