El economista Manuel José Correa interpuso un reclamo oficial sobre la transparencia y la probidad en la adjudicación de un contrato de servicios limpieza, asegurando que podría tratarse de un caso de corrupción en las licitaciones públicas de Magallanes. 

La controversia sacude a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Magallanes tras la presentación de un reclamo formal ante la Contraloría General de la República, donde se denuncia la existencia de irregularidades en la adjudicación de una licitación pública. Según el economista Manuel José Correa, quien presentó el reclamo, el proceso de licitación vulneró principios básicos como la transparencia, la no discriminación y la integridad, elementos esenciales de cualquier concurso público.

El conflicto surge en torno a una licitación realizada el pasado mes de diciembre por la Seremi de Educación de Magallanes para la contratación de servicios de aseo. Las bases técnicas de esta licitación establecían una serie de requisitos obligatorios que debían ser cumplidos por los oferentes, para que sus propuestas fueran consideradas admisibles. No obstante, según el reclamo ingresado, la empresa adjudicada no cumplió con estos requisitos mínimos y, pese a ello, fue seleccionada.

Correa manifestó que su preocupación inicial sobre la transparencia del proceso aumentó tras un análisis exhaustivo de los antecedentes disponibles. “En este caso, la comisión adjudicó el contrato a un oferente que no cumplía con los mínimos requisitos impuestos por las bases de licitación”, declaró.

Asimismo, el economísta afirmó que “me llama profundamente la atención la obcecación de la Seremi de Educación en no reconocer su error, y particularmente me sorprenden las declaraciones del Seremi Valentín Aguilera, quien se desliga de toda responsabilidad al radicarla en el departamento jurídico diciendo: ‘Le hemos consultado al equipo jurídico de la Seremi’ y nos han manifestado que el procedimiento se ha apegado a la normativa vigente”. 

Las declaraciones fueron recibidas con escepticismo por parte de Correa, quien cuestionó la falta de asunción de responsabilidades por parte de la autoridad. “Las palabras del seremi dan a entender que existen entidades o grupos independientes que operan sin supervisión dentro de la Seremi, lo cual le hizo plantearse una interrogante fundamental: ¿Quién dirige realmente esta institución?”, reflexionó el economista.

Acciones y reclamos adicionales

El caso ha escalado con la suma de un segundo oferente al reclamo original, lo que -a juicio de Correa- refuerza la sospecha de irregularidades sistémicas en el proceso. Por tal razón, anunció que se reunirá con los oferentes afectados para discutir la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Contratación Pública y los Tribunales de Justicia. “Los reclamos ante la Seremi han sido infructuosos. Es evidente que se necesita una intervención externa para garantizar que se haga justicia”, afirmó.

En su declaración, Correa también expresó su preocupación de que este caso sea solo una muestra de un problema más amplio. “Si una empresa inadmisible es adjudicada, claramente hay un problema. Si este error no se reconoce, podríamos estar frente a la punta del iceberg de algo más grande, como corrupción o cohecho”, sostuvo.

Un llamado a la transparencia

El economista destacó que la situación actual no solo pone en entredicho la integridad de la Seremi de Educación, sino también la confianza de los ciudadanos en los procesos de contratación pública. “Como sociedad, debemos ser combativos frente a la corrupción, el nepotismo y cualquier tipo de manejo irregular en las licitaciones públicas. Es necesario preguntarse cuántas licitaciones más podrían estar afectadas por estas prácticas”, indicó.

Correa finalizó haciendo un llamado a la Contraloría General de la República para que actúe con diligencia y profundidad en este caso. “Espero que Contraloría investigue a fondo esta licitación, obligue a la Seremi de Educación a anularla y determine responsabilidades. No podemos permitir que se normalicen estas prácticas en nuestras instituciones”, concluyó.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días la Contraloría entregue un pronunciamiento oficial sobre el caso, lo que podría marcar un antes y un después en la supervisión de las licitaciones públicas en la región de Magallanes.