En julio pasado, en estas mismas páginas informábamos de un juicio por tutela de derechos fundamentales de Alejandro Espinoza en contra del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama. Algunos argumentos que el funcionario presentó por medio del abogado Luis Alberto Díaz era que se habría emitido un “Informe de Desempeño” al margen de la ley. En el mismo documento habrían sido expuestas situaciones injuriosas, con el fin de denostar al afectado. Pues bien, en las últimas horas el Tribunal Laboral de Punta Arenas falló en favor de Espinoza, por lo que el Servicio deberá pedirle disculpas públicas e indemnizarlo por una cuantiosa cifra. 

El abogado Díaz contó que su representado, Espinoza, había sido contratado como coordinador de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, Eleam, de Punta Arenas. Luego de un año “ de buen desempeño y buenas calificaciones, fue desvinculado por el coordinador regional, Nicolás Soto, producto de supuestamente una serie de deficiencias en las que habría incurrido”. 

Por todo lo anterior, la justicia condenó a Senama, pues se habrían vulnerado derechos fundamentales, se habría incurrido en una operación que no estaba amparada bajo ninguna norma”, acotó el jursita. 

Respecto de la condena misma, el pronóstico es que las disculpas se hagan públicas “en un comunicado escrito, que espero que externalice (...), reconociendo que su actuación se apartó de las normas del derecho público, del estatuto administrativo, que son actuaciones ilegales y arbitrarias, además de hacerle extensivo el pago de el tribunal ordenó”. 

Para ello, el servicio tiene un plazo de dos meses. Aunque hay todavía una suerte de tercera instancia: en la Corte Suprema, a través de una unificación de jurisprudencia. Díaz explicó: “Puede que se anule el fallo en virtud de precedentes jurisprudenciales, fallos dictados por tribunales y en tal virtud, establecer una modificación del fallo”.

El plazo que tiene Senama para hacerlo es de 10 días y contando. 

Por su parte, Espinoza sinceró sentirse “bastante contento”: “Dentro de todo, se hace justicia a un acto que fue engorroso y malintencionado, a espaldas mías”.

Con 17 años de experiencia trabajando con población infantojuvenil y adultos mayores, califica lo vivido como “un hecho lamentable dentro de mi carrera profesional, porque no tenía ningún reclamo en mi desempeño y he intervenido a 500, 600 familias en toda mi vida”. 

Hay también una merma en su hoja de vida que, de volver al servicio público, podría ser un impedimento. “Tenemos que pedirlo por oficio para que se saque este acto que daña la imagen profesional. Esperamos que se limpie mi imagen dentro del servicio”.

Desde Senama precisaron que enviarán una respuesta por este tema durante la jornada del jueves.

Falsificación de firma

Una de las pruebas expuestas en el juicio y que “el tribunal reconoció como documento falsificado” fue una firma de Espinoza en una rutinaria retroalimentación que las jefaturas hacen a los subalternos. Diez contó: “Dicho proceso implica que exista una entrevista.  Mi representado nunca fue citado a ella, pero apareció un dumento firmado, scanneado, cobre una supuesta charla que habría tenido entre el coordinador regional y él, en la cual habían conversado, lo que nunca fue efectivo”.

Pese a ello, ni el tribunal envió por oficio los antecedentes al Ministerio Público, ni por su parte, el afectado y su representante tomarán medida alguna.