Manuel Monsalve lleva tres meses privado de libertad, sindicado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como autor de los delitos de abuso sexual y violación en contra de una mujer de 32 años, quien al momento de los hechos era su subalterna en la Subsecretaría del Interior. En paralelo a la denuncia penal, la víctima -junto a sus abogados del estudio Rossel Fuentes y Urzúa Abogados- decidió emprender una demanda en el ámbito laboral con el propósito de que el Estado realice todas las acciones necesarias para impedir que un caso como el que vivió ella se vuelva a repetir en el seno del gobierno.

Fue el pasado 13 de febrero cuando el Segundo Juzgado Laboral y de Letras de Santiago acogió a trámite la denuncia por tutela laboral presentada por la exfuncionaria de la Subsecretaría del Interior, quien acusa la vulneración, por parte de las autoridades del Ejecutivo, de sus derechos fundamentales. En un comunicado, al que accedió La Tercera, sus representantes detallan que la mujer “fue víctima de graves hechos de carácter sexual, con ocasión del trabajo, cometidos por el exsubsecretario Manuel Monsalve”.

Para que nunca más...

“Atendida la connotación pública de este caso y para evitar filtraciones de información sensible, inexacta o derechamente falsa (situaciones que ya han ocurrido con anterioridad) se nos ha solicitado por la víctima y su familia comunicar públicamente la presentación de esta denuncia de tutela laboral, con la que se busca obtener justicia y reparación, para que se adopten medidas ante el perjuicio y las vulneraciones de derechos fundamentales que ella sufrió y evitar que situaciones como las que vivió puedan volver a repetirse, especialmente en el sector público”, se lee en el documento firmado por los abogados laboralistas Rodrigo Azócar y Romina Urzúa.

Junto con esto se detalla que la denuncia laboral se presenta en contra de la Subsecretaría del Interior, repartición del gobierno, “como empleador de la víctima, por los actos y omisiones ocurridos durante la vigencia de su relación contractual con dicha entidad”.

Una de las cosas que más recalcan la víctima y sus abogados, es que estas acciones no buscan una compensación económica, sino más bien que el Ejecutivo adopte todas las medidas necesarias para que lo que ella vivió no vuelva a ocurrir en el seno del Estado.

“(Esta acción) no tiene por objeto obtener indemnizaciones o beneficios de carácter económico, sino otros tipo de declaraciones y/o reparaciones, según se detallará. Esta denuncia laboral se suma al proceso penal que busca perseguir la responsabilidad del exsubsecretario Monsalve”, sostienen desde su defensa.

Lo que solicitan los abogados

En la demanda se solita que la justicia declare que:

1. La denunciante, en los hechos, posee un vínculo de subordinación y dependencia con su empleador, debiendo este último plasmar contractualmente dicha circunstancia.

2. Durante la vigencia de su relación laboral, la Subsecretaría del Interior ha vulnerado sus derechos fundamentales, conforme a los hechos expuestos en la denuncia presentada.

3. La Subsecretaría del Interior, representada por el exsubsecretario Monsalve, ha incurrido en actos vulneratorios de connotación sexual de carácter laboral del artículo 2 del Código del Trabajo, lo que ha afectado gravemente la integridad síquica y física de nuestra representada, así como su libertad de trabajo y su derecho a la no discriminación.

4. La Subsecretaría del Interior actuó con negligencia al no tomar medidas adecuadas frente a los actos de acoso sexual sufridos por la víctima, tal como se explica en el caso, sin perjuicio de los delitos que se encuentran siendo investigados.

5. La Subsecretaría del Interior es responsable de los daños y perjuicios sufridos por nuestra representada, tanto los ya ocurridos como los que persisten, derivados de estos actos de vulneración de derechos fundamentales.

6. Considerando la finalidad que perseguimos, no se solicita suma de dinero en la demanda, sino que se ordene a la Subsecretaría del Interior tomar una serie de medidas para reparar y garantizar la integridad física y síquica de la víctima.

Finalmente, los abogados recalcan: “Con esta denuncia de tutela laboral se busca no solo la reparación de la afectación sufrida por nuestra representada, sino también que se establezcan medidas efectivas para prevenir y erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia en el trabajo en el sector público, protegiendo los derechos laborales y fundamentales de todas las trabajadoras y trabajadores”.