Recientemente, desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) se comunicó que para el 2025 el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), sufriría un recorte de más de $4.200 mil millones sumándole a los $2 mil millones que ya enfrentaron el año pasado. 

La reacción frente a esto no tardó en llegar, pues, el Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios del SAG (AFSAG) informó de inmediato a su asamblea de dirigentes -su total rechazo- frente a esta medida, por lo que convocó a un paro nacional que se efectuara el 4 de marzo de 2025.

Según el gremio, este ajuste podría afectar las labores de fiscalización y combate de enfermedades y plagas, así como la certificación de exportaciones y la inspección de alimentos en las fronteras. El presidente del gremio, Iván Marambio, calificó el recorte como extremadamente preocupante y contradictorio, ya que no coincide con el crecimiento de las exportaciones del sector ni con la función crítica del SAG en este proceso.

Magallanes no es ajeno a este problema, pues, según una carta informada por el consejo regional en palabras de su presidenta Karina Latorre Fuentes, la región agrupa lo que significaría el 70% de la dotación total del servicio, por lo que esto es un gran conflicto para la sanidad agropecuaria, afectando en la certificación de exportaciones. 

Asimismo, la falta de personal en puertos y fronteras podría atrasar las certificaciones, generando efectos en cadena sobre los envíos de productos agrícolas y ganaderos.

La presidenta del gremio afirma que: “Exigir a nuestras funcionarias y funcionarios que continúen operando con menos recursos, es una precarización inaceptable de la función pública, que solo beneficia al Estado a costa de quienes lo sostienen”.

Por ello, como gremio, exigieron a las autoridades abrir un espacio de diálogo inmediato para evitar que la crisis escale. Además se estableció que el paro nacional sigue en pie a menos que haya una respuesta concreta antes del 4 de marzo. “Este es un problema estructural; no se puede pretender que el SAG funcione adecuadamente con menos recursos y al mismo tiempo exigir una fiscalización rigurosa”. señaló Latorre. 

Con esto, se hizo un llamado a los gremios agrícolas, pecuarios y exportadores para que se sumen a esta preocupación.