“Con sorpresa”. Esa fue la reacción de Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, al informe de Contraloría que identificó que la municipalidad que él lidera era una de las líderes de todo el país que entregaron licencias a deudores de pensiones de alimento (junto con Antofagasta, La Granja, Lo Espejo, La Serena y Arica).

De acuerdo al informe de Contraloría, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, el periodo revisado, la municipalidad entregó 112 licencias a personas que se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

De acuerdo a informe de la entidad fiscalizadora, la responsabilidad es del funcionario a cargo del trámite.

La reacción completa de Radonich fue: “Con sorpresa nos hemos informado de esta investigación del órgano contralor de todas las municipalidades con esta ley que lleva un par de años y que obliga que el test moral que tiene cada persona que renueva su licencia de conducir se informe si es deudor de pensión de alimentos”.

La máxima autoridad de la capital regional aseguró que la acción (o inacción) que llevó a este vergonzoso escenario “se corrigió y eso ya no pasa”: “Hay una situación que se está investigando y por eso hemos decretado, con fecha de hoy (jueves 27 de febrero) cuál fue la razón y cuáles son los números reales (...) Espero que sea rápido (el sumario) para determinar las responsabilidades sobre una ley que debe cumplirse, como siempre lo hacemos en la municipalidad de Punta Arenas”.

Por su parte, Marcel Bermúdez, director de Tránsito de Punta Arenas, apuntó a que “partiendo (la implementación de) esta ley, nosotros no teníamos completo acceso a este registro nacional de deudores y por tanto, tal como sindicaba el alcalde, está en investigación para revisar todos los detalles”.

Informe

La Contraloría señaló que la responsabilidad de que esto ocurra recae en el funcionario a cargo del trámite, quien debe verificar si el solicitante figura en el Registro.

Otro dato fue que 65 funcionarios de las distintas municipalidades de todo el país obtuvieron sus licencias, a pesar de estar inscritos como deudores. A ellos se sumaron otros 482 deudores que son familiares de empleados municipales en las comunas donde obtuvieron sus licencias.