A través de una circular dirigida a toda la comunidad educativa, se informó que los profesores del Liceo Donal Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams acordaron deponer su adhesión al paro de “brazos caídos” que sostienen los docentes a nivel regional. 

De acuerdo con la información oficial, las actividades educativas deberían iniciarse este martes, pero sólo en la jornada de la mañana, es decir, de 8:00 a 13:00 horas.

Sin entregar mayores antecedentes, el establecimiento sostiene que “los estudiantes tendrán clases de todas las asignaturas durante la jornada mencionada jornada, lo que será informado por cada profesor jefe”.

De esta manera, los docentes de Williams se convierten en el segundo grupo de profesionales en deponer su movilización en menos de una semana; el viernes lo hicieron público sus colegas de la sede media de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas.

Directiva regional firme 

Por otra parte, la directiva regional del magisterio sostiene con firmeza que mantienen el paro, situación que no ha cambiado en el resto de establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales.

A través de un comunicado, acusan que las autoridades buscan mediante sus declaraciones deslegitimar el movimiento: “El SLEP junto a la Secretaria Ministerial de Educación plantean que han presentado un conjunto de medidas adicionales como respuesta a las demandas de los docentes, las cuales fueron evaluadas positivamente por los dirigentes. Sin embargo, lo cierto es que estas supuestas soluciones carecen de un compromiso real y concreto. No hay propuestas vinculantes que atiendan los problemas de fondo, sino más bien intentos de quebrar la unidad del movimiento con ofrecimientos insuficientes y sin garantías de cumplimiento. No se han generado respuestas claras a los problemas salariales ni a las condiciones laborales de los docentes”.

A esto, la directiva regional sostiene que el aparataje estatal no estaría cumpliendo con sus obligaciones salariales, de acuerdo al costo de vida en Magallanes, a comparación de otros estamentos y servicios públicos.

Por último, acusan que han recibido diferentes amedrentamiento por parte de las autoridades, sostendiendo que “amenazan con la aplicación de procesos administrativos en cumplimiento de la ley, insinuando descuentos salariales para quienes han ejercido su legítimo derecho a la movilización. Con esto, lejos de mostrar voluntad de diálogo y solución, la autoridad opta por la presión y la coacción como herramientas de control, en lugar de asumir su responsabilidad en la crisis educativa que enfrenta la región”.