El reciente otorgamiento de solo un 1% de las solicitudes de libertad condicional en la región ha vuelto a poner bajo la lupa este proceso, ya de por sí estricto y minucioso. Este enfoque restrictivo no solo refleja el compromiso del poder judicial con la seguridad pública, sino también la intención de evitar tragedias como la relacionada con el caso del descuartizamiento de Roberto Verdugo. Un recordatorio de las posibles consecuencias devastadoras cuando el sistema falla.

La Comisión de Libertad Condicional de Punta Arenas, en su última revisión, analizó 100 solicitudes provenientes de los distintos centros penitenciarios de la región. Durante tres jornadas de evaluación, solo un postulante cumplió con los estrictos requisitos estipulados por el Decreto Ley 321 de 1925, modificado por la Ley 21.627 de 2023. Entre los criterios esenciales destacan haber cumplido la fracción correspondiente de la condena (la mitad o dos tercios para delitos graves), tener una conducta intachable y contar con un informe psicosocial favorable que evalúe factores como el riesgo de reincidencia y la conciencia del delito.
Sin embargo, la aplicación de estas normas estrictas plantea varios aspectos dignos de análisis. Por un lado, la baja tasa de aprobación refuerza la idea de que la libertad condicional no debe ser un privilegio fácil de obtener, sino un beneficio cuidadosamente revisado que garantice la reintegración efectiva del individuo a la sociedad y minimice los riesgos para la comunidad. Esto se hace especialmente evidente cuando se recuerdan casos como el del mencionado Verdugo, en el que la reincidencia podría haberse evitado mediante una mayor cautela en la concesión del beneficio.

Por otro lado, el sistema enfrenta retos importantes: ¿se están estableciendo barreras que dificultan innecesariamente la rehabilitación de quienes podrían reintegrarse de forma exitosa? Aunque el proceso busca ser justo y equilibrado, el hecho de que solo una de cada cien solicitudes haya cumplido con los estándares sugiere que tal vez existe una desconexión entre las condiciones de acceso y la realidad de los internos.

Un aspecto significativo en esta última revisión fue la participación de las víctimas, quienes presentaron sus alegaciones de manera escrita. Esta inclusión subraya la importancia de escuchar las voces de quienes han sufrido las consecuencias de los delitos, equilibrando sus preocupaciones con los derechos de los postulantes. Este enfoque no solo humaniza el proceso, sino que también refuerza la legitimidad de las decisiones tomadas por la comisión.
En Magallanes, la libertad condicional sigue siendo un tema espinoso, donde se cruzan los derechos de los internos, las necesidades de las víctimas y las preocupaciones por la seguridad colectiva. Aunque las cifras pueden parecer duras, también reflejan un compromiso con la prudencia y la protección de la sociedad.