Un informe publicado por la Contraloría General de la República ha generado alarma al evidenciar irregularidades en el uso de licencias médicas en el sector público. Según el estudio, más de 25.000 funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con recursos estatales viajaron fuera del país mientras estaban en periodo de reposo, lo que contraviene la normativa vigente.

El análisis, basado en datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), reporta un total de 59.575 registros de entradas y salidas del país en el mismo período en que los funcionarios se encontraban con licencia médica. Del total de permisos, el 69% fueron emitidos por el sistema público de salud (Fonasa), mientras que el 31% corresponden a afiliados de distintas isapres, con un periodo promedio de reposo de 17,7 días.

Regiones con mayor incidencia

El informe detalla la distribución geográfica del fenómeno. Aquí, la Región Metropolitana lidera con 26.032 registros de entradas y salidas (43,7% del total), seguida de Arica y Parinacota con 10.043 movimientos (16,9%).

El tercer lugar corresponde a la Región de Magallanes, con 5.980 casos (10,0%).

Además, se identificó un grupo de funcionarios con un volumen significativo de viajes: 125 trabajadores realizaron entre 16 y 30 viajes internacionales, mientras que 51 funcionarios superaron los 31 movimientos fuera del país en el mismo período.

Fuerte impacto en Magallanes

En la Región de Magallanes la detección de estos casos ha generado gran preocupación, especialmente en la administración municipal de Punta Arenas y Natales, donde varios funcionarios -principalmente de las corporaciones- aparecen en el informe con registros de viajes en periodo de reposo médico.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, puso énfasis en el contexto del informe y en la necesidad de aclarar los datos: “Este informe de Contraloría nos ha sorprendido a todos y es importante destacar que corresponde a los años 2023 y parte de 2024. En ese tiempo, teníamos los colegios a nuestro cargo, lo que significaba cerca de mil profesores, más de 700 asistentes, funcionarios de salud y personal administrativo. En ese sentido, la responsabilidad es del trabajador que eventualmente hizo un uso indebido de un instrumento vinculado con la salud pública y el derecho laboral”.

Además, destacó el impacto económico que estos casos pueden representar para las arcas municipales: “Claramente hay un perjuicio económico, porque estos seguros los paga el Estado y los primeros días el empleador. No descartamos presentar acciones judiciales una vez que tengamos información más detallada. Esos tres días que la municipalidad paga son dineros de todos los puntarenenses y debemos actuar con transparencia y responsabilidad”, puntualizó.

Por su parte, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, señaló que su administración está gestionando la solicitud de antecedentes con Contraloría para determinar el alcance del problema y tomar medidas. “Estamos solicitando antecedentes a Contraloría para conocer en detalle la nómina de funcionarios involucrados, verificar si hubo irregularidades y proceder con una investigación interna. No podemos tomar decisiones sin información clara y precisa, por lo que esperamos contar con estos datos pronto”, enfatizó la jefa municipal.

Reacciones del Gobierno y medidas en curso

Desde la Delegación Presidencial de Magallanes el seremi de Gobierno, Andro Mimica, condenó el mal uso de licencias médicas y destacó las medidas adoptadas por la administración del Presidente Gabriel Boric para fortalecer la fiscalización de estos permisos. “Este Gobierno ha abordado esta problemática con líneas de acción concretas. A través del Compin hemos realizado denuncias al Ministerio Público por licencias falsas, doble empleador y salidas del país. Además, hemos iniciado sumarios en distintas instituciones y rechazado todas las licencias médicas asociadas a estos funcionarios”, aseguró.

Asimismo, señaló la reciente modificación a la Ley 20.585, que busca fortalecer la fiscalización de licencias médicas y endurecer las sanciones para los prestadores que las otorguen de manera irregular. “Nuestro objetivo es garantizar el acceso a la salud, el reposo médico justificado y verificar el correcto uso de este esencial beneficio de la seguridad social”, concluyó.

El rechazo de la ANEF

Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la presidenta regional de Magallanes, Evelyn Córdova, rechazó el uso indebido de licencias médicas pero advirtió sobre la necesidad de analizar el informe de Contraloría con mayor profundidad para evitar generalizaciones que afecten a los trabajadores públicos.

“El informe emitido por Contraloría presenta hechos graves que no deben desconocerse. Sin embargo, nos preocupa que se intente instrumentalizar estos casos en contra de los trabajadores del Estado, realizando juicios de valor en base a números sin un contexto claro”, indicó, para asegurar que la gran mayoría de los trabajadores cumple con sus funciones de manera íntegra. “Nuestra Confederación rechaza categóricamente el uso indebido de licencias médicas, ya que estas constituyen una protección laboral que debe ser cuidada y respetada. Sin embargo, es importante señalar que la gran mayoría de los trabajadores cumple con sus funciones correctamente, muchas veces enfrentando falta de presupuesto e inestabilidad laboral”, enfatizó.

La dirigente también reafirmó el compromiso de la ANEF en colaborar con el Gobierno en mesas de trabajo destinadas a mejorar la gestión del ausentismo laboral: “Desde diciembre de 2024, junto con la Mesa del Sector Público (MSP), hemos asumido el desafío de crear una nueva forma de gobernanza para abordar el ausentismo laboral. Se están estableciendo mesas ministeriales con la participación de las autoridades respectivas y las organizaciones sindicales, para buscar soluciones concretas a esta problemática”, destacó.