La reciente revelación de que más de 25 mil funcionarios públicos han viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica ha generado un profundo rechazo en la ciudadanía. En la Región de Magallanes, el número asciende a 5.980 funcionarios, posicionándola entre las zonas con mayor cantidad de casos. Este escándalo no solo pone en entredicho la ética de quienes han incurrido en esta práctica, sino que también plantea interrogantes sobre la fiscalización y el uso de recursos públicos.

Las licencias médicas son un derecho legítimo para quienes realmente necesitan reposo por razones de salud. Sin embargo, el abuso de este beneficio por parte de miles de funcionarios públicos ha convertido lo que debería ser un mecanismo de protección en una vía para el fraude. Según el informe de la Contraloría General de la República, estos trabajadores realizaron 59.575 movimientos migratorios mientras debían guardar  reposo. En algunos casos, se detectó que 125 funcionarios realizaron entre 16 y 30 viajes internacionales durante el período de licencia médica.

Este comportamiento no solo es una falta de ética, sino que podría constituir un delito. La normativa vigente establece que el incumplimiento del reposo indicado en la licencia médica puede derivar en su rechazo o invalidación. Además, elimpacto económico de estas prácticas es significativo, afectando el presupuesto destinado a salud y bienestar de quienes realmente requieren atención.

Las autoridades locales han reaccionado con indignación ante estos hallazgos. Diversos sectores han solicitado antecedentes a la Contraloría y han instado al Ministerio Público a investigar posibles delitos asociados a estas irregularidades. La ciudadanía, por su parte, exige sanciones ejemplares para quienes han abusado del sistema.

El abuso de las licencias médicas no debe quedar en meros titulares ni en promesas de investigación. Es imperativo que quienes hayan infringido la normativa enfrenten consecuencias reales: sumarios administrativos, sanciones económicas y la devolución de recursos utilizados de manera fraudulenta. Además, se deben establecer mecanismos de fiscalización más estrictos para evitar que este problema continúe repitiéndose.

El cruce de datos en tiempo real entre entidades de salud y organismos migratorios es una medida necesaria para detectar inconsistencias de manera inmediata. Si el Estado no actúa con determinación, seguirá financiando vacaciones disfrazadas de reposo médico, enviando un mensaje de impunidad que erosiona aún más la confianza ciudadana.

Este escándalo no solo pone en duda la honestidad de los funcionarios involucrados, sino también la eficiencia del sistema de control estatal. La ciudadanía exige respuestas y, más importante aún, acciones concretas. No se trata de un simple desajuste administrativo: es un fraude que perjudica al país entero.

¿Permitiremos que el Estado siga siendo cómplice de estos abusos? La respuesta debe ser clara: quienes han defraudado a la nación deben ser responsabilizados, y las autoridades deben demostrar que la corrupción no será tolerada. Porque la ética no es opcional. Es un principio que debe regir el servicio público.