La Contraloría General de la República publicó su noveno informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), revelando que 25.078 funcionarios públicos habrían incumplido el periodo de reposo de sus licencias médicas al viajar fuera del país durante el mismo lapso. Magallanes destaca como una de las regiones con mayor cantidad de casos detectados, con 5.980 registros de entradas y salidas de funcionarios públicos en este período, posicionándose en el tercer lugar a nivel nacional.

Además, el informe ubica a las corporaciones municipales de Puerto Natales y Punta Arenas dentro del top 10 de entidades con más licencias médicas potencialmente irregulares. Puerto Natales ocupa el octavo lugar con 392 licencias, mientras que Punta Arenas aparece en el noveno con 369 casos.

Ante estos hallazgos, el vicepresidente del Colegio Médico de Magallanes, Paulo Carrasco, expresó una postura clara y categórica: “Condenamos el uso indebido de licencias médicas, tanto por quienes las solicitan sin justificación como por quienes las otorgan de manera irregular. Estas conductas deben ser investigadas rigurosamente y sancionadas conforme a la ley”, afirmó.

Carrasco subrayó la necesidad de fortalecer las fiscalizaciones, asegurando que éstas deben incluir no solo a quienes emiten las licencias -médicos y otros profesionales de la salud- sino también a quienes las utilizan de manera indebida. “Solicitaremos los antecedentes de los médicos que pudiesen estar involucrados para enviarlos a nuestros tribunales de ética. La licencia médica es un instrumento terapéutico que debe usarse con responsabilidad”, agregó.

El Colegio Médico Regional Magallanes reiteró su compromiso con la transparencia y la ética en el ejercicio profesional y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para mejorar el sistema de control. “Debemos garantizar que los pacientes que realmente requieren reposo legítimo puedan acceder a este derecho sin que recursos públicos sean mal utilizados”, concluyó Carrasco.

Este informe de Contraloría deja en evidencia la urgencia de revisar los mecanismos de supervisión y aplicar correctivos en el uso de licencias médicas en el sector público, especialmente en regiones como Magallanes, donde el impacto es significativo.