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ás de 30 organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas privadas, presentaron una serie de indicaciones en el Congreso Nacional en Valparaíso para que sean considerados en la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo, para que garantice el derecho universal a sala cuna sin distinción contractual ni discriminación de género.

La legislación vigente restringe el derecho a sala cuna a las madres de niños menores de dos años que trabajan en empresas con veinte o más mujeres contratadas, lo que excluye a quienes trabajan en empresa con 19 o menos mujeres, de manera informal, a independientes, a trabajadoras de casa particular y a los padres.

Las entidades que sugieren esto, indican que esta exclusión limita el acceso al empleo formal, excluye de apoyo al cuidado a la mayoría de las mujeres, profundiza las brechas estructurales de género, y perpetúa la desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados.

Si bien el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo incluye avances relevantes, como la creación de un fondo financiado por una cotización del 0,2% a cargo del empleador y la extensión del derecho a trabajadoras y trabajadores independientes, el movimiento propone ajustes esenciales para su viabilidad. Entre ellos, reemplazar el monto fijo de 4,11 UTM por un valor definido anualmente por un comité técnico, y permitir que el derecho pueda ejercerse en salas cunas con autorización del Ministerio de Educación, no sólo con reconocimiento oficial.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que junto al ministro Giorgio Bocardo “estamos llanos a buscar acuerdos para que podamos impulsar esta reforma que no solamente es fundamental para el empleo femenino y apoyar la maternidad y la paternidad, sino que creemos que es una de las reformas en juego que más puede impulsar la productividad y el crecimiento”.