Un reciente informe de la Contraloría General de la República, publicado el 23 de mayo de 2025, ha destapado un escándalo de proporciones al revelar que más de 25.000 funcionarios públicos chilenos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Este reporte, que identifica un total de 35.585 licencias médicas asociadas a 59.575 entradas y salidas del país por motivos personales, subraya una grave irregularidad y un posible fraude al fisco. 

El contralor general, Jorge Bermúdez, enfatizó que este “abuso del sistema de licencias médicas no sólo representa un fraude fiscal, sino una falta de ética grave que afecta la credibilidad de nuestras instituciones públicas”, generando una fuerte preocupación y exigiendo medidas contundentes para fortalecer la probidad en la administración pública.

La Región de Magallanes se ve sacudida por una serie de acciones legales interpuestas por la oficina del abogado Robinson Quelín. Esta semana, se han presentado un total de 28 querellas criminales contra diversos servicios y empresas públicas de la región, todas ellas relacionadas con el uso fraudulento o malicioso de licencias médicas.

Según Quelín, la medida surge a raíz de un informe de Contraloría que vincularía a la mayoría de los servicios y empresas públicas con estos ilícitos. En sus declaraciones, el abogado precisó: “Nuestra oficina interpuso el día martes, miércoles y jueves de esta semana un total de 28 querellas criminales en contra de distintos servicios públicos de la región, todas vinculadas a los casos de usos fraudulentos o maliciosos de licencias médicas. Prácticamente todos los servicios y empresas públicas están vinculados directamente a casos de licencias médicas de acuerdo al informe de Contraloría y es por ello que se han interpuesto”.

Quelín continuó detallando las entidades más afectadas: “Son contra el SLEP de Magallanes, donde el número de personas superan las 200 personas. En ENAP Magallanes hay un número importante de casos, en Cormupa también es importante, y por eso, según lo que establecen los códigos penales y del Trabajo, y las leyes especiales, solicitamos que la Fiscalía del Ministerio Público investigue delitos de fraude al fisco, además del otorgamiento de licencias fraudulentas”.

El abogado confirmó que todas las querellas fueron acogidas por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, lo que da inicio formal a las investigaciones pertinentes. Este desarrollo promete un exhaustivo proceso judicial para esclarecer la magnitud de estos presuntos fraudes en la región.