El lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR), que ha revelado serias irregularidades en los traspasos de fondos del Gobierno Regional de Magallanes a la Fundación ProCultura y la Fundación Hernando de Magallanes, da la razón a las persistentes denuncias realizadas por el exconsejero regional Alejandro Riquelme.

Ante esto, el otrora core realizó un duro analisis de lo informado por el ente contralor.

El informe detalla rendiciones inconsistentes, facturación con posibles conflictos de interés, ausencia de supervisión por parte del Gobierno Regional y errores en la rendición de cuentas. La gravedad de los hallazgos es tal que la Contraloría ha remitido los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, al identificar posibles hechos constitutivos de delito como malversación de fondos públicos y fraude al fisco.

Estos resultados vienen a confirmar las reiteradas advertencias de Riquelme, quien ha librado una ardua batalla por transparentar el uso de los recursos públicos en la región. En sus declaraciones, el exconsejero  manifestó: “Fueron tres años de una batalla muy difícil contra la corrupción en Magallanes. Nos trataron de silenciar. El gobernador se opuso por más de un año en transparentar la rendición a fundaciones”.

La lucha por la transparencia, según Riquelme, no estuvo exenta de obstáculos e incluso hostigamiento: “Nos funaron dos veces las sesiones públicas del CORE por parte de fundaciones y los mismos funcionarios involucrados. Paralelamente, medios de comunicación y periodistas que recibían dinero de estas fundaciones me acusaron de mentiroso. Las instituciones que estaban obligadas a investigar han tenido especial complacencia con los involucrados. El Ministerio Público interrogó al gobernador como imputado justo después de efectuadas las elecciones”.

Riquelme también expresó su preocupación por la lentitud de las investigaciones: “Además, lleva casi dos años investigando esta lista. Contraloría, por su lado, demoró dos años en evacuar este informe final, donde no sólo quedan demostradas decenas de irregularidades, sino además, posibles hechos constitutivos de delito”.

La contundencia del informe de la Contraloría no solo valida las denuncias del exconsejero Riquelme, sino que también pone en tela de juicio la gestión del Gobierno Regional de Magallanes en la administración de fondos públicos y su rol de fiscalización. La ciudadanía magallánica espera ahora que las instituciones de justicia actúen con celeridad y rigor para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este caso se suma a una serie de controversias a nivel nacional en relación a la asignación de fondos públicos a fundaciones, lo que levanta interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en la gestión de recursos por parte de los gobiernos regionales.