En operativo conjunto entre la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI y el Ministerio Público asestó un golpe significativo contra el narcotráfico en Punta Arenas, con la incautación de 37 kilos de marihuana y la detención de dos individuos en el sector céntrico de la ciudad. 

La droga incautada, que incluye tanto marihuana procesada como plantas en cultivo, tendrían un avalúo cercano a los 370 millones de pesos.

El procedimiento se inició gracias a la colaboración activa de la comunidad, que proporcionó información crucial a la policía, y a un trabajo coordinado y efectivo entre la PDI y la fiscalía. El jefe de la Brianco PDI, subprefecto Alfonso Salazar, detalló la complejidad de la operación y la metodología empleada por los imputados: “Esto se inicia con un trabajo mancomunado con la comunidad, con la recepción de los antecedentes que constantemente la ciudadanía está entregando a esta policía, y también con un trabajo coordinado con el Ministerio Público, que permiten tener resultados positivos, con el levantamiento de todas las evidencias, donde queda al descubierto un laboratorio artesanal de cannabis, bajo sigilosos métodos. Estas personas no sólo se dedicaban al cultivo, sino que utilizaban la cannabis para obtener la resina y también hachís, mediante la utilización de implementos eléctricos que, de manera convencional, llevaban adelante en estos procesos”.

El laboratorio clandestino, ubicado en una residencia de la calle Señoret, en pleno centro de Punta Arenas, contaba con dos sistemas de cultivo a gran escala. En el subterráneo de la vivienda se hallaron cuatro carpas especialmente adaptadas para el cultivo indoor de cannabis. Además, en un galpón contiguo, custodiado por perros de raza pitbull, se encontraron 70 plantas de marihuana en diferentes etapas de crecimiento.

Además de la droga, se incautó un importante arsenal, lo que evidencia la peligrosidad de los detenidos. El subprefecto Salazar añadió: “Estas personas portaban un alto volumen de munición calibre 9 milímetros, de una pistola Taurus, que se encontraba registrada a nombre de uno de los imputados. Fue debidamente incautada debido a la gravedad del delito”.

A prisión preventiva

La PDI también informó que uno de los detenidos es ciudadano argentino con doble nacionalidad, mientras que el otro, de nacionalidad chilena, cuenta con antecedentes penales por infracción a la Ley 20.000 de drogas. En el registro del domicilio, se encontró además un revólver que figuraba con encargo por extravío desde Osorno en 2022 y un rifle de perdigones.

Los sujetos, identificados como Gonzalo Cid y Luis Roldán, fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. A pesar de que la defensa argumentó que la droga era para consumo personal, presentando un certificado médico de uno de los imputados. Sin embargo, aquello fue desestimado por el tribunal y se decretó la prisión preventiva para ambos, ordenando su ingreso inmediato a la cárcel de Punta Arenas.

El fiscal Felipe Aguirre resaltó la creciente sofisticación y organización de este tipo de delitos en la región, precisando que “hoy estamos viendo a sujetos que, organizadamente y cada vez en forma más frecuente, se asocian para cometer estos delitos de la Ley 20.000, y lo hemos graficado en que existe una gran cantidad de plantas, una sofisticación en cuanto al cultivo que ellos realizaban y las armas que emplean en la actividad de crimen organizado. Pero también vemos un trabajo conjunto que está realizando la Fiscalía y la Brigada Antinarcóticos y la Seremi de Seguridad.”

Asimismo, enfatizó dos aspectos particularmente preocupantes de este caso: “Nos llaman la atención dos puntos que queremos resaltar. Primero, esto fue en calle Señoret, en el sector céntrico de Punta Arenas, donde cada vez es más frecuente que podamos encontrar este tipo de criminalidad. La otra es que estaban premunidos de armas de fuego y libretas, donde llevaban anotados los datos de su actividad criminal”.

Cabe hacer presente que los imputados permanecerán en prisión preventiva durante los dos meses que se decretó como plazo para el cierre de la investigación.