El caso de licencias médicas sigue generando repercusiones a nivel nacional, con miles de funcionarios que han vulnerado el sistema, muchos de ellos conscientes de que esta práctica no es nueva. La labor de la contralora Dorothy Pérez ha puesto a los trabajadores en una situación difícil, llevando a algunos a contratar abogados para evitar ser sumariados, mientras que otros han optado por renunciar a sus cargos.

A pesar de la distancia territorial, la región de Magallanes también se ha visto involucrada en los últimos días, con funcionarios del sector salud haciendo un uso indebido de este instrumento. Los primeros casos conocidos corresponden a trabajadores de la salud municipal.

Rechazo gremial

La Asociación de Funcionarios del Cesfam Carlos Ibáñez ha expresado su rechazo a la forma en que la Corporación Municipal de Punta Arenas está gestionando los sumarios administrativos iniciados en 2023 y 2024. Según la agrupación, estos procesos presentan “graves vicios tanto de forma como de fondo, vulnerando derechos fundamentales de los funcionarios involucrados”.

Entre las críticas se menciona que las notificaciones se han realizado en espacios inapropiados, como la cocina del centro de salud, y que trabajadores han sido utilizados para localizar y notificar a sus propios compañeros. Ante esta situación, el gremio solicita:

- La nulidad de los sumarios iniciados mediante resoluciones internas N.º 560, 561 y otras similares.

- El reinicio de los procedimientos bajo nuevas resoluciones, claras y fundamentadas.

- Que todas las futuras notificaciones se realicen en espacios adecuados, garantizando profesionalismo y reserva.

- Que, de persistir las irregularidades, se oficie a la Contraloría General de la República para evaluar la legalidad del procedimiento.

Respuesta de la Corporación Municipal

Ante la declaración pública de la asociación de funcionarios, la Corporación Municipal de Punta Arenas ha estimado pertinente aclarar ciertos aspectos.

- Sobre las notificaciones: La legislación vigente, en particular la Ley N.º 19.880, permite notificaciones personales en el lugar de trabajo sin restringir espacios específicos. No obstante, se han impartido instrucciones internas para reforzar criterios de respeto y confidencialidad en futuras notificaciones.

- Sobre la legalidad de los procedimientos: Los sumarios iniciados se encuentran debidamente fundamentados y ajustados a derecho, constituyendo una etapa inicial de indagación sin determinación anticipada de responsabilidad. La Corporación reafirma el apego al debido proceso y el derecho a defensa.

- Sobre el rol de los órganos de control: La Corporación mantiene su disposición a colaborar con organismos fiscalizadores, facilitando revisiones externas que fortalezcan la confianza en los procedimientos institucionales.

Como entidad responsable de la administración de la red de salud municipal, la Corporación subraya la importancia de actuar con rigor jurídico y técnico. También hace un llamado a que las opiniones gremiales se sustenten en una interpretación precisa del marco normativo vigente, evitando generar alarma o confusión innecesaria en la comunidad.